La escenificación del Alcalde y el presidente azul ante los medios llegó después de la reunión que ambos mantuvieron con empresarios representativos de la ciudad. Después de diferentes estimaciones, la cifra mínima que evitaría la desaparición del Oviedo quedó ayer fijada: 1.905.000 euros, es decir que el patrimonio neto del club no sea inferior al 50 por ciento del capital social. La cifra surge de las cuentas que el club presentará en la próxima Junta de accionistas, referida al ejercicio 2011/2012 aún no aprobadas. Según fuentes judiciales, en caso de procesos concursales es más importante el cumplimiento del convenio que mantener el patrimonio neto, extremo que tampoco sería posible sin la inyección económica necesaria.
Todo lo que no sea alcanzar esa cantidad llevaría a instar a la disolución de la entidad, según imperativo legal. La ley es clara al respecto. El artículo 362 de la Ley de Sociedades de capital establece que «las sociedades de capital se disolverán por la existencia de causa legal o estatutaria debidamente constatada por la junta general o por resolución judicial». El consejo ya tiene ideado el plan de vuelo en el caso de alcanzar el peor escenario posible. Fidalgo convocaría una Junta Extraordinaria -que se uniría a la junta ordinaria- una vez consumado el fracaso en la ampliación. La ley establece que Fidalgo debe convocar la Junta para informar a los accionistas de que se solicitará la disolución del club. En todo caso, hay un plazo obligatorio de un mes entre la convocatoria y la celebración de la Junta.
Alcanzado este punto, el Consejo informaría al juez de la inviabilidad del Oviedo y sería éste el que procedería a la disolución nombrando unos liquidadores que protagonizarían el proceso.
El margen de actuación de los consejeros es estrecho desde el punto de vista legal. Los precedentes en el mismo club son claros. En enero de 2012 el Tribunal Supremo confirmó la doctrina existente y condenó al ex presidente Manuel Lafuente y los ex consejeros José Cabada, Salvador Fuente, Miguel Barcina, Amado Alonso y Francisco Alonso a abonar de su bolsillo 1.175.174 euros más intereses por las deudas contraídas con algunos futbolistas en las temporadas 2001/02 y 2002/03.
El Tribunal basó su fallo en que los responsables del club no convocaron la junta de accionistas para promover la pertinente disolución de la entidad. Según la sentencia, las condiciones del club estaban definidas y los consejeros eludieron su responsabilidad de disolver el club. Los condenados basaron su defensa en la suspensión de pagos en la que estaba inmerso el Oviedo, pero no fue suficiente para evitar la pena.
Ahora, el consejo de administración no está dispuesto a correr el mismo riesgo. Desde su llegada al club dejaron claro que seguirían todos los pasos legales para la rehabilitación del club y, si fuera necesario, no tendrían otra solución que instar al juez a su disolución. Toni Fidalgo aprovechó su presencia ante los medios para pedir «un último esfuerzo» para evitar el final. «El mensaje ya no va solo dirigido a los oviedistas, también a los ovetenses y asturianos. La situación es gravísima. No tenemos más alternativas», explicó.
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