Ninguna empresa presentó oferta antes del cierre del plazo de la licitación para las obras de ampliación y reforma integral del recinto de Siete Palmas. El Instituto Insular de Deportes deberá decidir en los próximos días cómo relanzar el proceso sin perder más tiempo de cara al horizonte del Mundial 2030.
La gran licitación del nuevo Estadio de Gran Canaria ha tropezado en su primer intento. El plazo para presentar ofertas al concurso de obras, convocado por el Instituto Insular de Deportes (IID) del Cabildo por un importe de 174,7 millones de euros, se cerró el pasado 7 de julio sin que ninguna empresa constructora formalizara una propuesta. La licitación —expediente 97/2026, tramitada como procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada europea— ha quedado, por tanto, desierta. Sin embargo, no existen riesgos con respecto a que el Mundial 2030 se celebre en Gran Canaria.
El dato llama la atención por su magnitud: no se trata de un contrato menor que haya podido pasar desapercibido, sino de una de las mayores inversiones públicas vinculadas al deporte en la historia reciente de la isla, con un plazo de ejecución previsto de 36 meses (reducible a 30 como criterio valorable) y una intervención que incluye nueva cubierta, ampliación de aforo hasta los 44.020 espectadores y adaptación a los estándares FIFA.
Que ningún gran grupo constructor —del perfil de los que operan en proyectos de esta escala en España e internacional— haya presentado oferta apunta, según fuentes conocedoras de la oferta, a un problema de fondo antes que a un fallo de tramitación: el precio fijado, el plazo exigido o el reparto de riesgos entre Administración y contratista no habrían resultado suficientemente atractivos para el mercado, en un momento en que varias infraestructuras vinculadas al Mundial 2030 compiten por la misma capacidad constructiva especializada en España, Portugal y Marruecos.
Qué puede hacer ahora el Cabildo
La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) contempla varias vías para reaccionar ante una licitación desierta, con implicaciones muy distintas entre sí. Hay tiempo suficiente, y sobre todo, figuras legales dentro de la Ley para caminar rápido.
La primera opción, a nivel consultivo, es abrir una consulta preliminar de mercado: un diálogo formal con las grandes constructoras para averiguar, antes de mover ficha, qué fue exactamente lo que disuadió a los posibles licitadores. Esta información es la que permitiría calibrar correctamente la siguiente convocatoria.
La segunda opción, más rápida sobre el papel, sería acudir a un procedimiento negociado sin publicidad, que la ley permite precisamente cuando un procedimiento abierto anterior queda sin ninguna oferta. Tiene, sin embargo, una limitación que puede resultar decisiva en este caso: la normativa prohíbe expresamente incrementar el presupuesto de licitación o modificar el sistema de retribución respecto al concurso fallido. Si la causa real de que nadie ofertara fue que el precio no cubría los costes reales de ejecución –la hipótesis más plausible dado el volumen de la obra—, esta vía tendría poco recorrido, porque legalmente no permitiría corregir precisamente lo que habría fallado.
La tercera vía, y la que parece más sólida en las circunstancias actuales, es la posibilidad de revisar sustancialmente el pliego y volver a sacar la obra a concurso mediante un nuevo procedimiento abierto. Esto obligaría a repetir la publicidad europea, pero permitiría al Cabildo de Gran Canaria ajustar los elementos que probablemente lastraron el primer intento: un presupuesto más acorde a los costes de construcción actuales, una fórmula de revisión de precios que cubra la volatilidad de los materiales durante los más de dos años y medio de obra, plazos de ejecución más realistas, un reparto de penalidades y garantías menos gravoso para el adjudicatario, o incluso estudiar la división en lotes de determinadas fases de la obra para facilitar la concurrencia de más empresas.
El factor tiempo: ¿cabe la vía urgente?
Dado que el proyecto está vinculado al calendario de aspiraciones de Gran Canaria para el Mundial 2030, el Cabildo podría declarar la nueva licitación de tramitación urgente, una figura que acorta los plazos administrativos internos y de formalización del contrato. Esta declaración exige una resolución motivada, y el argumento de un calendario condicionado por plazos externos —la propia organización del Mundial— reforzaría su justificación jurídica.
Ahora bien, la urgencia acelera trámites, pero no corrige por sí sola las condiciones económicas del contrato. Si el nuevo concurso se relanza deprisa pero mantiene el mismo desajuste entre presupuesto y coste real de la obra, el riesgo de un segundo fracaso —esta vez con menos margen de tiempo— sería alto. La combinación más razonable, según los expertos en contratación pública consultados, pasaría por corregir en profundidad las condiciones económicas del pliego y, en paralelo, tramitar el nuevo expediente con carácter urgente para no perder más tiempo del necesario.
El Instituto Insular de Deportes no ha trasladado aún públicamente cuál de estas vías tomará, aunque todo apunta a que en los próximos días se conocerá el nuevo rumbo de un proyecto que, de momento, sigue sin constructora.
Este artículo se modificó el 08/07/2026 10:15 10:15