El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 23 de octubre una reforma de la ley de financiación de partidos que, según su nuevo articulado, permitirá al Tribunal de Cuentas imponer sanciones a las formaciones que cometan infracciones "muy graves" –aceptar donaciones por encima del límite, no presentar las cuentas sin justificación o superar el límite de gasto electoral, entre otras–.Las infracciones de una formación política prescribirán a los cuatro años.
El Tribunal de Cuentas acumula un retraso de cinco años en su fiscalización.
A los partidos nunca les han puesto una multa y no se va a hacer Estas sanciones, sin embargo, no llegarán a hacerse efectivas, según juristas consultados por 20 minutos, ya que la misma norma dice que "el plazo de prescripción de las infracciones será de cuatro años, a contar desde el momento de la comisión de la infracción". Si tenemos en cuenta que el Tribunal de Cuentas mantiene un retraso de cinco años en sus informes de fiscalización (el último corresponde a 2007), en la práctica todas las posibles sanciones habrán prescrito.
"A los partidos nunca les han puesto una multa y no se va a hacer", opina Enrique García Viñuela, profesor de Hacienda Pública de la Universidad Complutense de Madrid. También percibe "riesgos de prescripción" Manuel Villoria, miembro de Transparencia Internacional, quien no obstante recalca que "la ley no puede considerar esos hechos como aceptables e inevitables": "El TCU tiene que mejorar sus resultados", indica.
¿Por qué hay este retraso? Pese a que la propia institución, que cuenta con 906 empleados, se ha negado a comentar ningún aspecto de su actividad con este diario, otras fuentes jurídicas explican que el personal del TCU, si bien posee una alta cualificación, es "escasísimo". Y tampoco parece que se vaya a poner remedio en los próximos meses: el gasto del Gobierno en "control externo del sector público" cae un 1,27% para 2013 en los Presupuestos Generales.
Para García Viñuela, "no es una reforma light, todos los partidos con representación se beneficiarán con esta reforma". Una opinión que explicaría el masivo apoyo a esta medida en su votación en el Congreso: 308 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones. Tras casi un año de negociaciones parlamentarias, ha visto la luz una reforma que, entre otras medidas, reduce un 20% las subvenciones públicas a las agrupaciones políticas y las obliga a publicitar cuentas y donaciones acumuladas, entre otras novedades.
Podría haber avanzado un poco más en la limitación de las donaciones Con matices, los juristas y expertos en fiscalización coinciden en que esta nueva norma no será plenamente efectiva. "Creo que es un avance. No obstante, podría haber avanzado un poco más en la limitación de las donaciones a las fundaciones de los partidos, sobre todo por parte de las empresas que contratan con las Administraciones Públicas", señala Manuel Villoria.
Pese a las dificultades impuestas al máximo organismo auditor, siempre quedará la vía judicial para que posibles infracciones y delitos no queden impunes. En este sentido, la futura reforma del Código Penal añadirá tanto a partidos políticos como a sindicatos dentro de la lista de personas jurídicas con responsabilidad penal por delitos contra la Hacienda Pública.
Unos 71 millones en subvenciones
La reforma reducirá la que era hasta ahora una forma 'indirecta' de donación: la condonación de la deuda. Con la nueva ley, las mismas no podrán exceder los 100.000 euros al año. Donde no habrá límite, sin embargo, será en los regalos de bienes inmuebles. En España no existe una tradición de donaciones, lo que ha favorecido un sistema de financiación público. ¿Cuánto reciben? En el último año, y pese a reducir un 20% su asignación, los partidos con representación han ingresado más de 71 millones en subvenciones directas.
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