La UD Las Palmas y el Estadio de Gran Canaria: ¿cómo se gestionan otros campos del fútbol español?
La revisión de acuerdos en vigor en
Primera y Segunda División revela un patrón común:
la mayoría de los estadios de titularidad pública están cedidos a los clubes mediante concesiones administrativas o convenios de uso a largo plazo, que permiten a las entidades gestionar directamente el recinto donde juegan sus partidos oficiales.
Osasuna y Sporting
En Pamplona, Osasuna juega en El Sadar mediante una cesión gratuita por 30 años otorgada por el Gobierno de Navarra. Canon anual: 0 euros. El club asume el 100% del mantenimiento, los gastos de explotación, los seguros obligatorios y las obras de adecuación y modernización, incluidas las realizadas en la última gran reforma del estadio.
En Gijón, el Sporting dispone de una concesión de uso de El Molinón a largo plazo. Canon anual: 0 euros. El convenio no fija alquiler, pero obliga al club a afrontar conservación, mantenimiento, seguros de responsabilidad civil y gastos ordinarios derivados del uso del estadio.
Málaga y Getafe
El Málaga CF juega en La Rosaleda bajo un acuerdo con las administraciones propietarias del recinto. Canon anual: 0 euros. El club asume consumos, limpieza, seguridad, mantenimiento, seguros y las obras necesarias para cumplir los requisitos del fútbol profesional.
En el Coliseum, el Getafe CF tampoco paga alquiler. Canon anual: 0 euros. El estadio es municipal, pero el club asume la gestión ordinaria, el mantenimiento del recinto y los gastos asociados a su actividad deportiva, además de la explotación de determinados espacios comerciales.
Valladolid y Rayo
El Real Valladolid utiliza el José Zorrilla bajo un modelo similar. Canon anual: 0 euros. El acuerdo se basa en el uso preferente del estadio y en la asunción por parte del club de los costes de funcionamiento, conservación y mantenimiento.
En Vallecas, el Rayo Vallecano cuenta con una concesión administrativa sobre el estadio. No existe un alquiler fijo anual. El documento firmado con leña Comunidad de Madrid establece que la contraprestación económica se articula a través de obligaciones de gasto y mantenimiento, y no mediante un canon clásico de arrendamiento.
Los patrones se repiten en Mirandés, Lugo o Ponferradina juegan en estadios públicos con canones inexistentes o simbólicos, asumiendo el club los gastos ordinarios y las responsabilidades de uso. En estos casos, el canon económico directo también es 0 euros, según la documentación analizada.
Modelo mayoritario
Este contexto resulta clave para entender el debate del Estadio de Gran Canaria. En el fútbol profesional español, la norma no es pagar alquiler, sino asumir costes, inversiones y riesgo económico a cambio de gestionar el recinto donde se compite.
La futura reforma vinculada al Mundial de 2030 refuerza esa lógica. Los estadios modernos exigen gestión continua, planificación financiera y explotación integral, un modelo que en España recae mayoritariamente en los clubes, mientras la administración mantiene la titularidad pública.
El pulso entre la UD Las Palmas y el Cabildo no gira, por tanto, en torno a si el club debe pagar o no por el estadio. La comparación con el resto del país muestra que la cuestión de fondo es quién gestiona, quién invierte y quién asume el coste real del estadio en el nuevo ciclo que se abre hacia 2030.
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