Post Unico: Sanidad

[soycarlo15]

Paga 82 euros por una prueba urgente ya que el Sescam le cita en junio de 2013
M.G. - lunes, 14 de mayo de 2012

• Pablo Garcés denuncia la situación y le parece «inhumano» que su esposa tenga que esperar más de un año para conocer la naturaleza de un bulto doloroso que le ha salido en la garganta

¿Alguien puede estar sin saber si un bulto que surge de pronto es bueno o malo más de un año? La respuesta está clara:Inimaginable. Pues a veces la realidad va más allá y ocurren situaciones surrealistas como la que acaban de sufrir recientemente Pablo Garcés y su mujer con el Sescam (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha).

«Fuimos a la médico de cabecera del Centro de Salud de Santa Bárbara porque a mi mujer le ha salido un bulto en la garganta y le dolía bastante», explica Garcés con detalle para que su denuncia pública se entienda a la perfección. En principio, la doctora le recetó antibióticos, pero, viendo que el dolor no remitía y el bulto tampoco, en la segunda visita al Centro de Salud le mandaron una ecografía como prueba complementaria. Sin embargo, la cita la obtuvo para el 19 de junio de 2013.

«A mí, en principio, no me pareció muy normal la fecha de la ecografía porque faltaba un año y dos meses para que se la pudieran hacer». Si bien, el matrimonio consiguió que la doctora de cabecera autorizara un volante preferente para que se pudiera hacer la prueba lo antes posible, pero la fecha continuó inamovible:el 19 de junio de 2013.

Dada la situación, a Garcés no le quedó más remedio que acudir personalmente al servicio de Atención al Paciente del Hospital Virgen de la Salud para contar su caso y buscar una solución porque le resultaba «incomprensible» que su mujer no supiera qué tenía en la garganta hasta prácticamente el verano del próximo año. «El personal que me atendió me dio la razón, pero me dijo que no podían hacer nada, que la única solución era que fuera a hablar directamente con el servicio de las ecografías y contara la situación a ver si podían adelantar la fecha».

La ecografía. El peregrinaje de Garcés y su esposa no acabó ahí tampoco. A la desesperación por el dolor del bulto se le sumó también la preocupación por el diagnóstico y una fuerte sensación de desamparo frente al Sescam que fue a más porque se encontró con la misma negativa en el servicio de las ecografías. «Allí me dijeron que tampoco podían hacer nada, que esas decisiones vienen de arriba y me comentaron que tendría que hacerse la prueba en un particular».
Y en un caso como éste, Garcés no lo dudó y concertó una cita para la ecografía de su mujer en un centro radiológico para obtener los resultados lo antes posible y llevárselos al especialista. En principio, pensó que ya tenía la solución, pero le costó también tiempo porque en el Centro de Salud le comentaron que los médicos particulares no tienen acceso a la base de datos del Sescam y le hicieron dudar sobre la valía de la prueba que, en principio, creyeron que sólo se emitiría enn soporte informático. Sin embargo, a Garcés le facilitaron las imágenes de la ecografía y el correspondiente informe por 82 euros al poco tiempo.
Gracias a esta solución, esta pareja toledana se ha quedado más tranquila con los resultados, a pesar de que ella tiene que acudir al especialista el 9 de junio por un tema de tiroides. Sin embargo, Garcés no comprende la forma de actuar del Sescam, que no ha contemplado siquiera la posibilidad de los riesgos que puede entrañar dejar a una paciente sin diagnóstico durante más de un año.

«No quiero meterme en líos de abogados ni nada, pero quiero denuciar públicamente nuestro caso, que no será el único, seguramente, para que no vuelva a ocurrir nada parecido». En este caso, este matrimonio ha podido optar por otra vía alternativa costeando las pruebas, pero Garcés se pregunta qué ocurrirá cuando algún paciente necesite una prueba urgente y no tenga dinero para pagarla en un centro privado. «Resulta inhumano», protesta.

http://www.latribunadetoledo.es/noticia ... junio/2013

[soycarlo15]

Ana Mato expropia a los funcionarios


Ana Mato, en una rueda de prensa de abril de 2011.

Ana Mato, ministra de Sanidad, anda estos días escondida debajo de las piedras. Mañana jueves su Real Decreto Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (publicado el 20 de abril) llega al Congreso, y ayer martes el periódico del Gobierno, el Boletín Oficial del Estado, abría su edición con nada menos que cinco apretadas páginas de “corrección de errores” en el texto del Decreto. “La extensión de la corrección delata a quien lo ha redactado”, afirma Antonio Fernández-Pro, vocal del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España.

La profundidad del bochorno de la ministra ante el fiasco de su primera acción de gobierno está detrás, según fuentes del propio Ministerio, del hecho de que un día antes, el lunes, se reuniera a solas y sin testigos con los presidentes del Consejo General de Médicos, Juan José Rodríguez Sendín, y del de Enfermería, Máximo Jurado. Evidentemente, esa reunión no se produjo porque hubiera erratas en el texto, sino porque se trata de rectificaciones que, en algunos casos suponen, incluso, una marcha atrás en toda regla.

No es para menos. Fernández Pro, al que los médicos han puesto al frente de un gabinete de crisis, define el decreto como “un aviso a navegantes: somos el primer colectivo de funcionarios a los cuales se les expropia su puesto de trabajo”. Efectivamente, la polvareda levantada por los recortes sanitarios del decreto ha tapado una medida que, de salir adelante, acaba con la seguridad jurídica de los funcionarios españoles.

El decreto dice que todos los funcionarios que “presten sus servicios en instituciones sanitarias públicas”, lo que incluye entre otros a médicos y enfermeros, deberán ser integrados “como personal estatutario fijo” antes del 31 de diciembre de este año. Y añade: a aquellos que se nieguen a perder su condición de funcionarios, “las comunidades autónomas los adscribirán a órganos administrativos que no pertenezcan a las instituciones sanitarias públicas”. En otras palabras, los que no quieran perder sus derechos adquiridos durante décadas como funcionarios serán despojados de su plaza y obligados a terminar su carrera, en lugar de ejerciendo como médicos o enfermeros, tras la mesa de un despacho de una Consejería ajena a la sanidad. ¿En Turismo, Agricultura, Obras Públicas…?

Tras la reunión, la cuestión se añadió a la larga retahíla de cinco páginas de corrección de errores publicada ayer martes. Pero no ha conseguido calmar las aguas. Alarga el plazo para llevarlo a cabo un año, hasta el 31 de diciembre de 2013, y añade: “Debe añadirse el inciso sin perjuicio de los derechos consolidados”.

No parece suficiente. “Vamos a convocar una manifestación en Madrid a principios de junio, y estamos recopilando firmas para enviar una carta de protesta a la ministra y al presidente del Gobierno”, explica Fernández-Pro. Entre médicos y enfermeros, la medida afecta a unos 6.000 funcionarios, pero “de funcionarios que presten sus servicios en instituciones sanitarias públicas podríamos estar hablando de entre 20 y 25.000″ asegura el presidente del sindicato de médicos de Aragón, y uno de los integrantes del comité de crisis creado por los colegios de médicos, Leandro Catalán.

Alargar el plazo y la coletilla de los derechos consolidados se refiere a la jubilación de los funcionarios. Falta un año para que los últimos funcionarios que obtuvieron plaza en la entonces centralizada sanidad pública española cumplan 30 años de cotización a la mutua de funcionarios Muface, el límite que supone la consolidación de sus derechos de jubilación. “Aún así, no está claro que ahora la Seguridad Social, a la que nunca hemos cotizado, pueda reconocernos esos años cotizados a una mutua profesional”, advierten Catalán y Fernández-Pro. Además, los funcionarios de Muface pueden jubilarse a los 60, otro de los derechos adquiridos que perderían.

Es más, las correcciones no afectan a lo fundamental, la pérdida de sus plazas en propiedad como médicos o enfermeros y la obligatoriedad, si se niegan a arriesgarse a perder 30 años de cotización, a abandonar su práctica profesional. “Ni siquiera supondrá un ahorro, sino posiblemente un mayor coste. ¿O no van a sustituir a todos esos médicos y enfermeros que dejarán de atender pacientes?, se pregunta Catalán.

Mato ha incendiado la sanidad española. Incluso entre los dos principales colectivos afectados, médicos y enfermeros. Máximo Jurado, presidente del Consejo General de Colegios de Enfermería se indigna ante la noticia de las movilizaciones que preparan los médicos. Según explica, en las dos reuniones que él y el presidente de los médicos, Rodríguez Sendín, mantuvieron con la ministra no le plantearon rectificar el decreto, sino sólo corregirlo para alargar el plazo e introducir la coletilla sobre los derechos consolidados: “Se ha pactado lo que ambos consejos generales habíamos pedido, y se ha pactado al 100%. Al día siguiente no se puede salir hablando de manifestaciones. A mí se me caería la cara de vergüenza, y a mí no se me va a caer la cara de vergüenza”.

Para Jurado, esa pelea se debe dar ahora en la transposición del decreto a las respectivas normativas autonómicas que deberán ponerlo en marcha, donde “contamos con fuerza y argumentos jurídicos”. Para añadir: “¿Cómo vamos a pretender cambiar un decreto ley? Mire a los catalanes o a los andaluces que no les queda otra que acudir al Constitucional. Nosotros ya tenemos nuestras estrategias jurídicas perfectamente establecidas para cuando llegue el momento”.

Mientras llega, el PP aplicará mañana su mayoría parlamentaria y sacará adelante el “ultracorregido” Real Decreto Ley que por primera vez mete mano en la propiedad de las plazas de funcionarios. Sean muchos o pocos, es lo de menos. Que los demás pongan su barbas a remojar.

http://www.eldiario.es/zonacritica/2012 ... cionarios/

Mejorando la sanidad mediante mobbing, muy bien, asi se mejora la sanidad en un pais civilizado... (notese mi ironia final)

[soycarlo15]

Creo que era madrid, quieren que pase de hacer mamografias cada 2 años, a cada 7 años...

[soycarlo15]

El Programa Nacional de Reformas elimina el derecho a la salud

El Programa Nacional de Reformas presentado por el Gobierno en Bruselas y el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, supone el desmantelamiento de los tres pilares básicos del sistema sanitario público: El derecho a la salud, la universalidad de la atención sanitaria, la igualdad de acceso a la misma y el carácter solidario y redistributivo de la Sanidad Pública

1.- Suprime el derecho a la salud como derecho ciudadano.

Aunque la Constitución y la Ley General de Sanidad lo vincula a la residencia en el Estado el Real Decreto de manera unilateral lo vincula al aseguramiento es decir a la cotización social, con la finalidad de dejar sin este derecho a los que trabajan en la economía sumergida (la mayoría inmigrantes si papeles sometidos a condiciones inaceptables de explotación), y a otros colectivos. Resulta moralmente inaceptable dejar a personas sin asistencia por motivos económicos

2.- Elimina la universalidad de las prestaciones sanitarias

Fragmenta la asistencia sanitaria que ahora es la misma para todos y para todas las enfermedades en tres tipos diferentes: Prestaciones básicas comunes para todos; prestaciones complementarias a pagar con copagos y prestaciones suplementarias ofertadas por las comunidades autónomas. Esta medida que dará origen a dos modelos sanitarios (una sanidad para ricos y otra para el resto) esta destinada a promover y apoyar desde el Estado el desarrollo de los seguros privados como negocio. La sanidad para pobres será una asistencia de baja calidad

3.- Introduce barreras económicas en el acceso a los servicios sanitarios a quienes más lo necesitan

Impone el pago por medicamentos a los pensionistas (precisan tres veces más asistencia por motivos de edad y la gran mayoría percibe pensiones muy bajas, el 54% menores de 650€/mes); lo mismo que por traslado no urgente en ambulancias, alimentación artificial, prótesis y ortesis que son necesitados por las personas más enfermas, y discapacitadas, en su mayoría con problemas económicos por motivos de edad, enfermedad o bajas pensiones. Además un grupo de medicamentos se excluirá totalmente de la financiación pública. Limita la asistencia a quien más la necesita al tiempo y eleva la aportación individual en medicamentos en un momento en que la mayoría de ciudadanos tienen problemas económicos para llegar a fin de mes

3.- Acaba con el carácter solidario y redistributivo de la sanidad pública

Hasta ahora la sanidad se financiaba con impuestos gracias a lo cual los que más ganaban contribuían más y los más necesitados de atención la recibían en función de sus necesidades. Con la introducción del copago de parte de la asistencia se ponen las bases para acabar con el carácter redistributivo de la sanidad pública.

El conjunto de estas medidas suponen una vulneración flagrante e inaceptable del ordenamiento jurídico básico de este país que atenta contra uno de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos como es el derecho a la salud en condiciones de equidad y calidad. Este golpe de estado debe ser rechazado y combatido activamente por los ciudadanos, sus agentes sociales y sus representantes políticos con sus movilizaciones y en todas las instancias del Estado de Derecho que tiene este país.

02/07/2012

Federacion de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica

en http://misaludnoesunnegocio.net

http://madrilonia.org/2012/07/el-progra ... -la-salud/

[soycarlo15]

FACUA Madrid critica la eliminación de la gratuidad
Madrid hace pagar más de 300 euros por vacunar del neumococo mientras derrocha en sanidad privada
En lugar de ahorrar, la medida provocará más gasto asistencial al aumentar las enfermedades derivadas de la supresión de la vacunación universal.
FACUA.org - Madrid - 25/07/2012


Madrid hace pagar más de 300 euros por vacunar del neumococo mientras derrocha en sanidad privada
Imagen de la campaña 'Bebés superprotegidos', lanzada por la Comunidad de Madrid en 2006.

FACUA Madrid critica la decisión del Gobierno de Esperanza Aguirre de eliminar la gratuidad de la vacuna del neumococo con la excusa del ahorro mientras derrocha financiando la sanidad privada.

Así, se obligará a pagar entre 234 y 312 euros a las familias que vacunen a sus hijos con las tres o cuatro dosis de Prevenar 13 que resultan necesarias para inmunizarlos ante este agente infeccioso. Cada dosis cuesta 78 euros.

La medida fue aprobada por la Comunidad de Madrid el pasado junio a través de La Ley 4/2012 de medidas urgentes de modificación presupuestaria.

FACUA Madrid advierte que en lugar de ahorrar, el recorte provocará más gasto asistencial al aumentar las enfermedades derivadas del hecho de que numerosas familias, especialmente las de menor poder adquisitivo, no vacunarán a sus hijos.

La asociación recuerda el avance que dio en 2006 la Comunidad en la implantación de la vacunación universal del neumococo, reduciendo los casos de meningitis y la mortalidad debida al citado patógeno. La eficacia de la vacuna hace injustificada su retirada del calendario, denuncia.

Por ello, advierte que su eliminación aumenta el riesgo para la salud infantil, incluso las tasas de mortalidad, ya que el neumococo provoca infecciones graves, como neumonías y meningitis, además de otitis y otras más leves.

Así, a los niños nacidos desde 10 de mayo de 2012 ya no se les administrará la vacuna con cargo al calendario de vacunaciones madrileño.

FACUA Madrid recuerda que la Organización Mundial de la Salud recomienda su inclusión en los calendarios de vacunación y que la Asociación Española de Pediatría viene pidiendo al Ministerio de Sanidad que se extienda a todas las comunidades. Actualmente, ya sólo la incluye Galicia.

https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=6989

[RiverPlate]

Llevo meses esperando por una Resonancia Magnética por el SCS en el Hosp. Dr Negrín, y entre Las vacaciones, las bajas, la lista de espera y la huelga encubierta debido a los recortes de Rajoy y Paulino Rivero... al final me la han realizado en la Clínica Sta Catalina, ahora a la espera de la consulta en el Hosp. nuevamente.

Saludos.

[soycarlo15]

Cuando la política que se impone es un crimen

Xavier Caño Tamayo – ATTAC Acordem

“Sin medicamentos para controlar mi VIH, moriré”. Rafael, inmigrante latinoamericano, se hizo en Madrid la prueba de VIH y dio positivo. Le hicieron también una analítica completa y, vistos los buenos resultados, tener el VIH sólo supuso revisiones periódicas. Pero hace un año descendieron sus defensas y el médico le prescribió medicamentos antivirales para evitar el desarrollo del sida. Aún sin permiso de residencia, tenía su tarjeta sanitaria por estar empadronado. Fue atendido y tratado sin problemas. Hasta ahora.

El próximo 1 septiembre, muchos miles de inmigrantes sin permiso de residencia y aún muchos más jóvenes españoles con más de 26 años que no coticen o hayan cotizado a la Seguridad Social (por estar en paro) dejarán de tener asistencia sanitaria en España, salvo en urgencias, por decreto del gobierno de Rajoy. Entre los expulsados de la sanidad pública hay un colectivo muy vulnerable: quienes tienen el VIH, como Rafael.

Expulsar a inmigrantes irregulares y a jóvenes del servicio público de salud significa, por ejemplo, que los infectados por el VIH (en el caso de inmigrantes, de tres a cuatro mil) no dispondrán de medicamentos para controlar su infección. Tampoco podrán comprarlos, no solo porque no tendrán los más de ochocientos euros mensuales que cuestan, sino porque esos medicamentos no se expenden en farmacias, pues son de exclusiva distribución hospitalaria.

Rafael y otros muchos miles de inmigrantes irregulares o jóvenes despojados de la tarjeta sanitaria infectados por el VIH estarán más expuestos a morir por sida. A esos seropositivos hay que sumar pacientes inmigrantes o jóvenes sin tarjeta sanitaria con hipertensión arterial, cardiopatías diversas, diabetes, insuficiencia cardíaca o renal, asma, enfermedades pulmonares, cáncer… No dispondrán de atención médica ni de diagnóstico ni de tratamiento alguno ni de medicinas.

El seguimiento de lo que ocurra a infectados por el VIH demuestra la fechoría que es el recorte de derechos sanitarios del decreto gubernamental. Porque habrá más mortalidad e incremento de enfermedades oportunistas asociadas al sida. También aumentará el contagio del VIH y de otras enfermedades infecciosas (como tuberculosis) a la población, así como habrá más probabilidad de contagio del VIH de embarazadas infectadas a fetos en gestación. Son algunas conclusiones del Grupo de Estudio del SIDA (Gesida), integrado en la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Gesida asegura que la peor consecuencia por los recortes presupuestarios en sanidad será el aumento de la mortalidad.

Para empeorar las cosas, esas medidas de ahorro que violan derechos humanos tendrán efecto contrario al buscado. Porque aumentarán los gastos de sanidad. Según el Gesida, el incremento de costes por recurrir a urgencias muchos de aquellos a quienes se les ha quitado la tarjeta sanitaria reducirá a la mitad el ahorro conseguido con la supresión de la misma. Y también habrá más gasto por tratamientos de personas con tarjeta sanitaria recién infectadas por el VIH y enfermedades asociadas al sida. Contagios que aumentarán por falta de diagnóstico y de tratamiento de pacientes que estén infectados, pero sin control por haber sido expulsados de la sanidad pública.

Y, mientras el gobierno pretende ahorrar unos millones de euros recortando derechos, el fraude fiscal en el Reino de España es de 70.000 a 80.000 millones anuales. El presupuesto total del sistema público sanitario español, según la consultora i2 Integrity, miembro del Pacto Mundial de la ONU contra la Corrupción. Más del 70% de ese fraude fiscal lo perpetran grandes fortunas, grandes empresas y corporaciones. Pero parece más fácil meterse con inmigrantes y jóvenes que con los ricos que deben pagar y no lo hacen.

Entre los países europeos que soportan recortes presupuestarios que paga la ciudadanía, Grecia, fue el primero en sufrir esa feroz política de austeridad. Una docena de sus ciudadanos ha denunciado al gobierno griego ante la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad y genocidio; sostienen que la austeridad impuesta está matando al pueblo griego. Y no solo por el abandono de los enfermos con VIH u otros pacientes.

Tal vez suene excesivo hablar de genocidio, pero es justo decir que la política de austeridad que se impone es un crimen. El gobierno español tiene un mes para rectificar parte de la tropelía. Y Europa debería cambiar de rumbo.

Artículo publicado en El Mercurio Digital

[soycarlo15]

Llevo meses esperando por una Resonancia Magnética por el SCS en el Hosp. Dr Negrín, y entre Las vacaciones, las bajas, la lista de espera y la huelga encubierta debido a los recortes de Rajoy y Paulino Rivero... al final me la han realizado en la Clínica Sta Catalina, ahora a la espera de la consulta en el Hosp. nuevamente.

Saludos.

Aqui en madrid pasa algo muy "mosqueante"

Te cuento lo que me pasó

Vas al medico (por cualquier cosa) y te tienen que mandar al hospital a hacerte una prueba en el especialista. Vas a recesion a pedir cita y ves que solo te mandan a los hospitales privados, pides que te manden a uno publico y la administrativa te informa que no te pueden mandar a una publica y tiene que ser la privada y la prueba te la dan para 7 meses despuse. Le pides el Volante (sin pedir cita) y te vas al publico. Ahi te informan que te aceptan la cita y la tienes para 2 semanas despues. Le preguntas el porque la diferencia y porque no te mandan al publico y me comentan que estan obligando a los centros a dar cita solamente a los centros privados. Los publicos en madrid estan sin pacientes y casi sin lista de espera...

Patrocinado por el des-gobierno del PP y por Capio Sanidad (Los dueños son el marido de la Cospedal y Rato)

[soycarlo15]

40 CAMAS DE TOCOGINECOLOGÍA MENOS EN EL MATERNO INFANTIL (GRAN CANARIA), SUSTITUIDAS POR DESPACHOS PARA JEFES: PAGA EL PUEBLO.

Sabiendo que quejarse es incomodo y que supone un esfuerzo desagradable, y que asumo la inutilidad de la acción , aun así me atrevo hacerlo, espero decirlo de la forma mas clara que me sea posible, y espero que la empresa para la que trabajamos muchos, el Servicio Canario de Salud; concretamente el Hospital Materno Infantil, lo vean desde el punto de vista que como servicio publico que es, tiene la obligación de servir a sus trabajadores y usuarios/pacientes correctamente y hacer las cosas bien, es decir gestionar bien.

Teniendo en cuenta que generalmente los usuarios/ pacientes y trabajadores que tienen motivos para quejarse no lo hacen, o si lo hacen no sirve para nada, yo me voy atrever a hacerlo por todos de nuevo, públicamente, ya que considero que en este momento que estamos viviendo trabajadores y usuarios de dicho Hospital en Las Palmas de Gran canaria, tienen motivos razonables de queja, y ya que quejarse es uno de los derechos que amparan tanto al trabajador como al usuario y teniendo en cuenta que siempre hay una forma de obtener un resultado satisfactorio si se hace correctamente, vamos a quejarnos.

Llevamos desde el mes de Abril los trabajadores de la planta 5 de tocoginecologia y planta 8 de ginecología del Hospital Materno Infantil escuchando que van a cerrar una de las dos plantas –es decir 40 camas hospitalarias públicas- por la crisis, y escudándose en los bajos niveles de ocupación, los trabajadores han efectuado su labor desde entonces, presionados, angustiados...en unas condiciones laborales deplorables, donde la calidad asistencial se resiente fuertemente. Con rumores sobre el personal que tiene que salir, al que pararan, etc. En definitiva no se entiende que con la política de ahorro que llevan proponiendo desde hace unos años (en los que se han cerrado varios servicios desde el mes de Julio hasta el uno de Octubre y luego todo ha vuelto a la normalidad) ahora se haya planificado el hacer obras en la planta 5, para que una vez finalizadas las mismas bajen las dos plantas que actualmente se han unificado en la planta 8. Y que una vez terminadas dichas obras puedan ubicarse en la planta cinco y se puedan comenzar las obras de la planta 8 que se destinara al uso de despachos para jefaturas y sus secretarias; gasto totalmente innecesario si estamos en crisis.

En ningún momento se ha tenido en cuenta las propuestas hechas por los trabajadores, ni por sus representantes sindicales, ni órganos de representación, actuando la gerencia y Jefe del Servicio de Tocoginecología con total despotismo y desprecio, ambos muy cuestionados.

Pues bueno, teniendo en cuenta los tiempos de crisis que vivimos todos, alguien o algunos han decidido que estas serian buenas medidas de ahorro?....Con lo que ello conlleva: ahora mismo se han unificado las dos plantas 20 camas para Tocoginecologia y 20 para Ginecología, y si se sobrepasan los ingresos que ya ha sucedido se tienen que ingresar en las plantas 6 o 7 destinadas actualmente a lo ingresos de postparto. Poniéndose en jaque a todas la plantas y servicios de tocología y ginecología del Hospital Materno-Infantil y a los distintos profesionales de todas las categorías.

Aclaro que la planta cinco es para ingresos de patologías durante el embarazo ( hipertensión, etc) y que la planta ocho es para patologías ginecológicas y cirugía.
Para no cansar es bueno que se sepa lo siguiente: ya que nos han vendido la crisis y la necesidad de ajustes, no se entiende como es posible que nuestros jefes, superiores..,nos comuniquen que a ellos las pautas se las van transmitiendo de forma improvisada; lo que nos hace pensar a los trabajadores, que quien marca los planes a seguir, nos engañan a todos, a no ser que nuestros responsables directos estén escondiendo información para sacarla en el momento adecuado.

Existían alternativas al cierre de una planta entera con 40 camas, como era reconvertir todas las habitaciones de esas cuatro plantas que tienen tres camas, en habitaciones con sólo dos camas, recuperar la patología de mama dispersa en tres centros hospitalarios, recuperar conciertos efectuados con la sanidad privada para pacientes tocoginecológicas en el sur de la isla, etc.

Y por ultimo señalar, que hay que cuestionarse si la gestión de los hospitales deben ser llevadas por médicos o por especialistas en gestión, lo que seria más lógico y por supuesto asesorados por personal sanitario. También habría que tener en cuenta el perfil y curriculum de los cargos directivos, que consideramos que no defienden a sus profesionales. Para concluir teniendo en cuenta todo esto, las condiciones en las que se trabaja en la actualidad en la planta ocho del Hospital Materno Infantil, las cuales cualquiera que pase por la planta o hable con el personal de enfermería, facultativos y celadores, que están trabajando ahora mismo, podrán comprobarlo, con solo echar un vistazo a la zona del control de enfermería o a la zona habilitada para fisiopatología y ecografías, se puede observar que da la sensación que más que un Hospital Materno Infantil de referencia, estamos en un hospital de campaña. Ni los trabajadores, ni la población se merecen ese trato. La Consejera de Sanidad tiene la palabra para evitar este disparate, recibiendo a los representantes de los trabajadores, escuchando las alternativas que existen sin coste económico alguno. Le hemos solicitado una reunión con carácter urgente todos los sindicatos y órganos de representación. Brigida Mendoza no puede amparar que una gerente autoritaria y que cuestiona su autoridad, se la pase por la piedra. El personal del CHUIMI está a punto de explotar. Advertida queda.

Fdo: Bernardo Medina Rodríguez. Intersindical Canaria.
Miembro de la Junta de Personal del Área de Salud de Gran Canaria. Máximo órgano de representación de los trabajadores.

http://www.canarias24horas.com/firmas-d ... ueblo/5235

[soycarlo15]

Novecientos médicos, objetores del decreto que deja sin sanidad a los sinpapeles
Proclaman su voluntad de seguir atendiendo a los pacientes que no tengan pemiso de residencia

EFE Madrid 08/08/2012 16:48 Actualizado: 08/08/2012 18:22

Más de 900 médicos se han acogiado a la objeción de conciencia para seguir atendiendo a los inmigrantes irregulares que sean sus pacientes, mediante su inscripción en el registro de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitario (semFyc). En concreto, a día de hoy, son 903 los médicos que se han apuntado en el registro que puso en marcha el pasado mes de julio esta organización, la más representativa de Atención Primaria con unos 22.000 socios, con el fin de recoger la voluntad de los médicos que quieran objetar.

Los profesionales sanitarios que quieran apuntarse a este registro tienen que rellenar un formulario a través de la página web de la SemFyc -www.semfyc.es-, en el que manifiestan su voluntad de querer ejercer la objeción de conciencia ante el real decreto aprobado por el Gobierno.

Los médicos de esta sociedad consideran que la reforma sanitaria "deja sin prestación sanitaria" a personas que hasta ahora habían atendido en sus consultas. En el texto, los médicos expresan también que su lealtad con los pacientes hace que no sea posible faltar a su deber ético profesional e incurrir en el abandono.
Disconformidad con el Gobierno

El documento se enviará al Colegio de Médicos provincial, al Servicio de Salud correspondiente (excepto Andalucía, Asturias, Cataluña y País Vasco, que han anunciado su intención de seguir prestando atención a los "sin papeles"), a la Organización Médica Colegial (OMC) y a la sociedad federada correspondiente (en caso de ser socio de la semFYC).

El Grupo de Trabajo de Bioética de esta sociedad científica ha elaborado un documento que recoge su disconformidad con la medida del Gobierno de retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares a partir del 1 de septiembre y que defiende que la lealtad del médico al paciente debe prevalecer.

http://www.publico.es/440758/noveciento ... sinpapeles

[soycarlo15]

Grecia: dejan de operar a pacientes con cancer porque no tienen dinero
por CAS-Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad
Lunes, 13 de Agosto de 2012 08:16

Grecia: dejan de operar a pacientes con cancer porque no tienen dinero
El Colegio de Médicos de Atenas denuncia la falta de atención. Capitalismo y mercantilización de la vida humana en su pura esencia.

El Colegio de Médicos de Atenas dirige al gobierno un llamamiento por los enfermos sin seguro, denunciando que dos de cada diez enfermos que visitan el Consultorio de Misión Social necesitan intervención quirúrgica, pero el SNS los abandona a su suerte, ¡¡ porque no pueden pagar !!

Revela incluso que estos enfermos no pueden obtener un libro de recetas de falta de recursos, ya que, según la legislación vigente, ciudadanos que no hayan pagado sus deudas a las mutuas y a Hacienda, no pueden obtener el certificado fiscal ni el libro de recetas de falta de recursos.

El Colegio de Médicos de Atenas denuncia que ha habido casos de enfermos de cáncer a los que se les ha diagnosticado tratarse quirúrgicamente tumores en estadio prematuro, pero no han sido operados porque no tenían dinero. E invita al ministro de Sanidad y a los gestores de los hospitales a afrontar directamente el problema.

http://www.kaosenlared.net/component/k2 ... inero.html

[soycarlo15]

"cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar"

[soycarlo15]

Carlos, inmigrante irregular que sufre una enfermedad mental
“Ni me atienden en el ambulatorio ni me dan medicinas”
A partir del 1 de septiembre se restringirá la asistencia sanitaria a más de 150.000 'sin papeles'
María R. Sahuquillo Madrid 14 AGO 2012 - 00:01 CET546


Un inmigrante colombiano enfermo que no tiene papeles se quedará sin tratamiento médico. / Rosane Marinho

Hace más de un mes que Carlos no tiene tarjeta sanitaria. No puede ir al médico en la sanidad pública ni obtener recetas. Lleva días paseando su caso por los centros de salud de Zaragoza, pero sin respuesta. Carlos es un inmigrante sin papeles. Ha perdido la residencia legal en España y con ella el derecho a la atención médica. Una asistencia que necesita para tratar la esquizofrenia paranoide que sufre. Este colombiano de 26 años no puede costearse un psiquiatra privado. Tampoco los más de 300 euros al mes que cuestan los fármacos que toma para controlar su trastorno. Depende por completo de la ayuda de una ONG que le proporciona cuidados y la medicación. Una sanidad de beneficencia que no puede compararse a la que reciben el resto de ciudadanos.

Y un canal al que, si no cambian las cosas, se verán abocadas a partir del 1 de septiembre más de 150.000 personas que viven en España en situación irregular. Ese día se hará efectivo el decreto del Gobierno que restringe la asistencia sanitaria para extranjeros sin papeles. Las autoridades desactivarán sus tarjetas sanitarias —salvo las de los menores y las embarazadas— de modo que solo podrán acudir a urgencias.

El Ministerio de Sanidad insiste en que los enfermos crónicos seguirán siendo atendidos; aunque no aclara cómo. Por eso, el caso de Carlos (prefiere que se le llame así), que se adelanta a lo que puede ocurrir dentro de poco más de dos semanas porque su tarjeta ya ha caducado, no augura que la situación esté en absoluto resuelta.

“Ya no me atienden en el ambulatorio. Me dicen que como no tengo papeles no me pueden dar otra tarjeta sanitaria. Ni las medicinas...”, explica abatido. Mientras, la consejería de Sanidad de Aragón encuentra “extraño” que situaciones como la que afronta este colombiano se estén produciendo. “Se está atendiendo a todo el mundo”, asegura una portavoz. Pero a Carlos no se le atiende. De hecho, ante la imposibilidad de solucionar su caso, y el riesgo de una recaída o de un brote, la trabajadora social de su centro de salud le derivó a la consulta de salud mental que tiene Médicos del Mundo en Zaragoza. “Ahora son ellos quienes me están haciendo el favor de atenderme”, dice el hombre.

Carlos llegó a España hace seis años. Fue en Aragón, al poco de llegar, cuando le diagnosticaron el trastorno que padece. Le trataron y desde entonces ha estado medicado. “Estaba bien, hasta ahora iba cada 14 días a que le inyectaran la medicación al centro de salud y luego a la consulta del médico. Pero ya no puede”, informa Fernanda, su pareja. Ella, ecuatoriana, sí está en situación regular en España. Trabaja y, de hecho, está de baja por maternidad de su primer hijo, que acaba de cumplir un mes. Su sueldo es el único que entra en casa. “Cuando nos dijeron que teníamos que pagar todas las medicinas casi me muero. Es imposible. ¡No podemos hacerlo!”, exclama.

Carlos explica que las cosas no siempre fueron así para él. Trabajó casi desde el momento en que puso un pie en España “en lo que salía”. Hizo de mozo de almacén, repartidor de pizzas, peón de obra. Cuando este último contrato se le acabó no encontró otro empleo. “Metí currículos en todos los sitios, en polígonos, en empresas de construcción. Y nada. No sale nada”, explica. Así, como otros muchos golpeados por la crisis, terminó por agotar el paro y la prestación por desempleo y, por último, por perder la residencia legal. Sin embargo, lo que más le preocupa es la asistencia sanitaria. “Es por necesidad. Sé que si no voy al médico me pongo peor”, dice.

Erika Chueca, de Médicos del Mundo Aragón, subraya que su centro solo puede ofrecer —a Carlos y a otros— una consulta psiquiátrica al mes. “Además, hemos tenido que cambiarle la medicación por otra más antigua y con más efectos secundarios porque no podíamos costear la que él recibía. Pero al menos tiene tratamiento”, dice. Chueca reconoce que su organización, como otras dedicadas a la asistencia sanitaria, no tiene capacidad para atender por completo a los pacientes. Y menos para absorberlos a todos, tengan la enfermedad que tengan, si el Gobierno decide atenderlos a través de ONG como, en un principio, propuso la ministra Ana Mato. “No tenemos los medios de la sanidad pública. Nuestros médicos son voluntarios y dependemos de acuerdos con hospitales para las pruebas diagnósticas. Y luego está la medicación... Somos un apoyo, un apoyo que además tiene cada vez menos fondos”, abunda.

http://politica.elpais.com/politica/201 ... 61222.html

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Las concesiones de obra pública e infraestructuras, en el centro de la trama
Las constructoras de los papeles de Bárcenas tienen cinco concesiones de hospitales en Madrid

La Comunidad de Madrid paga más de 45 millones de euros anuales a Sacyr, FCC, OHL y Ploder por el "alquiler" de los centros que construyeron.
Pablo Elorduy, Gladys Martínez López y Diego Sanz Paratcha. Redacción web
31/01/13 · 18:25


Concentración ante la sede del PP en Madrid el 18 de enero. / Álvaro Minguito

Sacyr, FCC, OHL y Ploder, las constructoras cuyos presidentes donaron dinero al Partido Popular según la filtración publicada la mañana del jueves por el diario El País, son concesionarias de cinco hospitales construidos bajo distintos modelos de financiación y gestión privada en la Comunidad de Madrid: Coslada, Parla, Sureste, Torrejón y Vallecas.

En total, estas empresas cobran a la Comunidad de Madrid 45,15 millones de euros anuales en concepto de canon, según datos recopilados por la Coordinadora AntiPrivatización de la Sanidad Pública de Madrid. 27,5 van para Sacyr (hospitales de Coslada y Parla), y el resto se lo reparten entre FCC (concesionaria de parte de los hospitales de Torrejón y Sureste), OHL (Sureste) y Ploder (Vallecas). A comienzos de 2012, las empresas propietarias de los ocho hospitales promovidos con este sistema ya habían recuperado el total de la inversión, de forma que hasta dentro de 30 años el canon supondrá un beneficio anual estimado en más de cien millones de euros.

Esta cantidad representa más de la mitad de los 83 millones de euros anuales que el Gobierno regional de Ignacio González pretendía recaudar con la tasa de un euro por receta. Por su parte, la plataforma de defensa de la salud pública Mi Salud No es un Negocio reseña que el coste a través de los cánones de estos hospitales es entre cuatro y cinco veces más caro que la gestión pública directa.

Sacyr: pioneros en Parla y Coslada

La filtración de los documentos aporta informaciones sobre supuestos pagos por parte de Luis del Rivero, presidente entre 2004 y 2011 de Sacyr Vallehemoso, por valor de 120.000 euros en 2004 y de 260.000 euros en 2006 a la presunta trama de pagos en B organizada por los extesoreros del Partido Popular, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas.

Desde que ganara el concurso público en 2005, Sacyr Vallehermoso dirige el hospital de partenariado público-privado (PFI) Infanta Cristina de Parla, por el que la constructora recibe 13,7 millones de euros anuales en concepto de canon hasta que termine la concesión de 30 años firmada con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. En junio de 2005, la empresa, presidida entonces por Luis del Rivero, recibió la adjudicación para la financiación, construcción y explotación del Hospital del Henares, de Coslada, con un canon de 14 millones anuales durante tres décadas. La inversión inicial de la constructora en ambos hospitales ascendió a 90 millones en cada caso.

Sacyr es contratista de los servicios no sanitarios, tales como limpieza o restauración, así como de la gestión de personal, aunque el Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid, aprobado por la Comunidad de Madrid en diciembre, supondrá también la gestión privada de los servicios sanitarios. En los últimos años, la empresa se ha adjudicado dos centros hospitalarios en Portugal y Chile.

OHL: el hospital del Sureste, uno de los rescatados por Aguirre

Obrascon-Huarte-Lain, OHL, es otra de las adjudicatarias habituales de obras públicas en la Comunidad de Madrid. Su presidente, Juan Miguel Villar Mir, exministro de Hacienda durante el Franquismo, y nombrado marqués en 2011, aparece en la relación de nombres que supuestamente aportaron fondos para los pagos a la contabilidad oculta establecida por la tesorería del PP. Según la información desvelada por el diario del grupo Prisa, Bárcenas habría recibido 100.000 (2004), 180.000 (2006) y 250.000 euros (2008) de parte del marqués de Villar Mir.

Beneficiada también por el soterramiento de la M30, OHL es la concesionaria, en consorcio junto a FCC y Cajamadrid (hoy Bankia) del Hospital del Sureste, situado en Arganda del Rey. Dicho hospital fue uno de los que recibió el rescate por parte del Gobierno regional: cuando fue adjudicado, la Comunidad se comprometió a abonar un canon de cerca de diez millones de euros anuales. Sin embargo, en 2010, el Gobierno de Esperanza Aguirre aumentó en medio millón esa partida, en una medida que también favoreció a los otros cinco hospitales de gestión semiprivada.

No ha sido el único capote que ha echado la Comunidad a OHL: el portal Ecomovilidad denunciaba que en enero de 2012 el Gobierno regional había perdonado una penalización a OHL por el abandono de las obras del tren de cercanías a Navalcarnero.

FCC: una de las importadoras del 'modelo Alzira' en Madrid

En los documentos de Luis Bárcenas también aparece con dos pagos de 90.000 y 75.000 euros en 2008 José Mayor Oreja, presidente de FCC Construcción dentro del grupo de energía, construcción y servicios FCC, y hermano de Jaime Mayor Oreja, ministro de Interior con Aznar. El Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó en 2009 la construcción y explotación del hospital de Torrejón de Ardoz durante 30 años a una Unión Temporal de Empresas formada por Asisa, Ribera Salud y FCC.

Tras la venta de la parte de Ribera Salud a Sanitas, la constructora conserva un 5% de participación, con lo cual le correspondería un canon anual de aproximadamente 6,95 millones de euros de un total de 76. Torrejón es uno de los tres hospitales construidos en la Comunidad de Madrid bajo el modelo PPP (de financiación pública y gestión enteramente privada), siguiendo el 'modelo Alzira' ya implantado en la Comunidad Valenciana.

FCC recibió anteriormente, junto con Caja Madrid, la adjudicación de la construcción y explotación a 30 años del Hospital del Sureste por un importe de 278 millones de euros y un canon anual de 10. La empresa ha construido o reformado, según su página web, hospitales en Madrid, Barcelona, Asturias, Tenerife y Santander, y ha recibido concesiones para la construcción y gestión a 30 años del primer hospital de gestión mixta de Irlanda del Norte y para la construcción de una ciudad hospitalaria en Panamá.

La empresa, presidida desde hoy jueves por Esther Koplowitz, su principal accionista, se ha beneficiado, entre otros muchos contratos, de concesiones para la construcción de más de 200 kilómetros de línea de AVE y de la mayoría de las estaciones para trenes de alta velocidad.

Mercadona hizo dos pagos al PP de 90.000 y 150.000 euros (por María José Esteso Poves)

El empresario Juan Roig, dueño de Mercadona, también ha hecho donaciones al PP. Roig, tercera fortuna del Estado español según la lista Forbes, figara entre los papeles de contabilidad del extesorero del PP Luis Bárcenas. Aparecen dos anotaciones, una de 90.000 y otra de 150.000 euros de 2004 y 2008, que figuran atribuídas con letra manuscrita a “Mercadona”, según ha revelado hoy el periódico El País.

Sin embargo estos hechos han sido negados por la cadena a través de su cuenta oficial de twitter según ha publicado esta tarde el periódico El Mundo. Mercadona dice que "La información publicada hoy respecto a dos donaciones realizadas por Mercadona a un partido político es falsa".
Roig presumía en una entrevista concedida el año pasado a El País de ser “hijo de porquero”.

Sacyr en la Calle 30

Al margen de los hospitales, la historia de Sacyr ha estado ligada asimismo a las obras de soterramiento de la M-30, cuyo coste aproximado superó los 4.000 millones de euros, parte importante de la deuda de 7.000 millones del Ayuntamiento de Madrid. Sacyr forma parte de la empresa mixta Calle 30, que gestionó la construcción de la radial y resultó adjudicataria de distintos tramos, como el enlace de la M30 con la A3 (187 millones) o el soterramiento de la avenida de Portugal (166 millones).

Algunas informaciones sobre otras adjudicaciones de Sacyr: en 2009 se adjudicó un lote de acuerdos en la Comunidad de Madrid por valor de 117 millones de euros. Se trata en su mayor parte de contratos de gestión de residuos en distintos municipios de la región. Ese mismo año, Sacyr se adjudicó el concurso de ampliación de la línea 9 de Metro en Madrid por un importe de 112,5 millones de euros en consorcio con Ferrovial. En la ciudad, la constructora se hizo en 2012 con el concurso de adjudicación del servicio de limpieza urgente por un importe de nueve millones al año.

El grupo Sacyr obtuvo un beneficio antes de las deducciones por impuesto o resultado bruto de explotación (ebitda) de 399,5 millones de euros en los nueve primeros meses de 2012.

https://www.diagonalperiodico.net/cuerp ... adrid.html

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