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Se le atribuye dos delitos contra hacienda a la empresa que custodia los edificios de Patrimonio Nacional.


la Agencia Tributaria, acusa al empresario, Miguel Ángel Ramírez, propietario de la empresa Seguridad Integral Canaria, de defraudar a hacienda más de 2.400.000 euros en dos años. La Agencia Tributaria considera que el empresario no actuó por negligencia sino de forma dolosa, a sabiendas de que sus artificios financieros eran un delito. En este informe la hacienda pública advierte que Ramírez, de ser considerado culpable, podría ser condenado hasta a cuatro años de cárcel, a pagar una multa superior a los 18 millones de euros y perdería la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante un periodo de tres a seis años.


El informe de la Agencia tributaria alega:

...S.A. dejó de ingresar 1.251.650,22 euros en 2008 y 1.143.057,72 euros en 2009 como consecuencia de no haber practicado retenciones sobre las cantidades improcedentemente satisfechas en concepto de dietas exentas y que realmente eran retribuciones del trabajo no exceptuadas de gravamen (8.482.598,05 euros en 2008 y 8.536.041,78 euros en 2009)


Análisis Penal


Así pues, SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA S.A. eludió el pago de cantidades que hubiera debido retener (1.251.650,22 euros en 2008 y 1.143.057,42 euros en 2009) y resulta acreditada en ambos casos la existencia del elemento objetivo de delito contra la Hacienda Pública tipificado en el artículo 305 del Código Penal, al superarse con creces en cada uno el límite de 120.000 euros, establecido en dicho precepto, en su redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre…



Comentario personal: Es absolutamente normal que Don Miguel Ángel Ramírez niegue los hechos. Forma parte de su defensa. De momento está imputado, porque así lo decide un Juez.
Evidentemente, esto no es un delito al Territorio ni esto es el TSJC.

Tranquilo va a recurrir como siempre hace, siempre hace eso recurre, que se lo digan a sus trabajadores y ex- trabajadores, que ya nos conocemos.

Claro que recurrirá, está en su derecho.


Aquí lo grave es que se trata de Organismos Públicos, que como tal, por Ley, sus cuentas son Públicas, válgame la redundancia. Hablamos de la Administración del Estado. El dinero que se usa para pagar está perfectamente claro

Creo que no se está captando bien la gravedad de la imputación en un delito tributario. A la que repito, siempre se puede recurrir, eso sí, cuando haya sentencia. Lo de recurrir una imputación, “desimputarla” y volverla a imputar, eso solo está, por lo vivido, al alcance de la Infanta.


Los demás han de esperar a ver si el juez aprecia delito punible. Este es el caso. Es evidente que los abogados de Don Miguel Ángel ya estarán trabajando.

Dos circunstancias caminan en su contra:


Por una lado, la transparencia de la Administración Pública. Si esta declara que pago por sueldo, juega en su contra, como sostiene la Agencia Tributaria, que el mantenga que eran dietas. La diferencia es clara, la primera ha declararse y la segunda desgrava.


Por otro lado, es la sensibilidad que hay en la sociedad española con los casos de corrupción. No se va a dejar pasar una. No se le ha dejado pasar a personas de mucha relevancia a nivel nacional.


Son malos momentos para delitos fiscales. Estos no son delitos contra el Territorio en Canarias y mirados por el TSJC. Esto es en Madrid con las consecuencias que conlleva.

En el programa de Chavanel comentaron, creo que en serio, que venían los de "Salvados" a hacerle una entrevista.

Algo de eso también le leí a Rafa León hace un tiempo en facebook.

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