Los tres militantes, vecinos de Espartinas, fueron multados cuando realizaban una asamblea. A pesar de que otras personas fueron identificadas, solo los miembros de IU han recibido los informes de sanciones
Miembros de IU en el momento de presentar el recurso
Tres vecinos de Espartinas (Sevilla) podrían tener que pagar hasta 1.920.000 euros (sí, casi dos millones de euros) si prosperan las siete multas interpuestas por la Guardia Civil durante el transcurso de una asamblea vecinal contra la subida del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), llevada a cabo por el ayuntamiento de dicha localidad, gobernado por el PP. Los tres vecinos sancionados, militantes de Izquierda Unida, recurrieron ayer las multas ante la Delegación del Gobierno, que tendrá que decidir si finalmente prosperan las sanciones y la cuantía, dependiendo de la gravedad de cada acusación.
Los hechos tuvieron lugar el 18 de octubre, en una explanada situada junto a la plaza de toros municipal. “En otras ocasiones nos reunimos en dependencias municipales, pero ese día celebramos la asamblea en la calle, sin cortar tráfico ni nada. Era una asamblea, una reunión”, detalla María Carretero, integrante de la Asamblea vecinal contra este IBI, Espartinas, colectivo creado después de la subida del impuesto municipal, a finales de 2012. Una subida que “multiplicó por dos esta tasa”, denuncian desde la asamblea.
Asamblea vecinal contra la subida del IBI
Asamblea vecinal contra la subida del IBI
Pero para los guardias civiles desplazados hasta el lugar no se trataba de una asamblea. Según consta en las multas, los denunciados participaban “en calidad de promotores en una concentración no comunicada a la Autoridad“. Las sanciones previstas conllevarían multas que oscilan entre los 300 y los 601.012 euros.
Tres de las sanciones son por celebrar una protesta sin comunicarlo previamente a la autoridad (la sanción prevista va de los 30.050 a los 601.012 euros). Para otras tres multas los agentes indicaron que los denunciados se negaron a disolver al grupo de personas reunidas (de 300 a 30.050 euros). Y una última en la que el denunciado es acusado de hacer fotos a los agentes y de arengar contra ellos a los asistentes.
UNA ASAMBLEA Y UNA NOVILLADA
Según varios miembros de la asamblea, el concejal de Urbanismo de Espartinas y teniente alcalde, Javier Jiménez, fue el encargado de llamar a la Guardia Civil y señalar a los supuestos promotores: el coordinador de IU en Espartinas, José María Calado; el único concejal de la formación en el Ayuntamiento, Juan Antonio Rodríguez; y un militante de base de la formación de izquierdas. A pesar de que otros miembros de la asamblea contra la subida del IBI, sin filiación política alguna, también fueron identificados, solo los integrantes de IU han sido multados.
José María Calado explica que, a diferencia de otras ocasiones, ese día el teniente de alcalde estaba en la plaza de toros. “Al día siguiente su hijo daba su última novillada, antes de su alternativa. Al vernos poner una pancarta entre dos farolas se puso nervioso, pensando que queríamos boicotear la novillada. Nos llamó sinvergüenzas. Llamó a la Guardia Civil y nos señaló a nosotros”.
Una semana antes de la asamblea vecinal, el 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar, el Ayuntamiento de Espartinas cedió, de forma gratuita, la caseta municipal para una comida de celebración de la Guardia Civil, según detallaron desde la asamblea.
EL PP IMPIDIÓ TRATAR LAS SANCIONES EN EL PLENO MUNICIPAL
En el último pleno municipal de noviembre en Espartinas, celebrado el 28 de noviembre, IU llevó una moción, por la vía de urgencia, para reclamar a la Subdelegación del Gobierno el archivo de las sanciones. La moción no fue debatida al no superar el trámite de urgencia como consecuencia de la abstención del Partido Popular.
Durarante el acto de entrega de los recursos, los tres sancionados han estado acompañados por miembros de la asamblea ciudadana contra la subida del IBI y cargos de IU, como la parlamentaria Marina Segura y el coordinador provincial, Manuel Gutiérrez Arregui. Desde la asamblea denunciaron el “miedo” que existe en el pueblo al Gobierno local.
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