EDITORIAL
Algún día Tenerife ganará la batalla
¡Qué manera de ridiculizar a un pueblo!
Viene de la primera página
A este agorero del que hablamos hay que aclararle otra vez que este periódico no se toma su empeño como una batalla, ni mucho menos. Tenemos conciencia de cuál es nuestro poder, y sabemos que no somos ni el Gobierno de Canarias ni el Parlamento, ni tan siquiera una comisión de expertos. Simplemente, ejercemos esa función que un juez ecuánime como es Baltasar Garzón atribuía recientemente a la prensa. Decía que está para hacer sugerencias y propuestas. Y en eso estamos: hemos sugerido y propuesto que se suprima del Estatuto el calificativo Gran para la isla de Canaria en el momento oportuno, es decir, cuando se está efectuando una reforma del texto que refleja la configuración político-administrativa del Archipiélago. Al igual que hemos dicho que hay que rectificar la situación en que quieren dejar a los cabildos, privados de capacidad de gobierno merced a una especie de vuelta atrás en la delegación y traspaso de competencias desde el Ejecutivo regional que se inició hace años. Es decir, estamos denunciando que se quiere mantener una superchería en el artículo 2 del Estatuto.
Pero no entramos en más profundidades. Señalamos la necesaria reforma de ese artículo 2, no sólo en cuanto a inapropiada denominación de la que es, en realidad, la tercera isla canaria en superficie y la segunda en población y en varias magnitudes económicas; también proponemos que se varíe el orden en que están ordenadas las siete islas ya que no se corresponde con el tamaño e importancia de cada una, sino con el alfabeto.
Un Estatuto que comienza de esta forma, con un error histórico y una descripción geográfica donde se mezcla lo grande con lo pequeño, es un desdoro para esta Comunidad Autónoma y mantenerlo en su actual redacción merma credibilidad al resto de los artículos. Hoy, cuando escribimos este editorial, ya sabemos que diez apartados del texto reformado tienen visos de inconstitucionalidad. ¡Dios mío, "gran" e inconstitucional! Si tanta importancia se le ha dado al Preámbulo del Estatuto catalán por el uso del polémico término de "nación", ¿por qué no iba a tener la misma trascendencia el segundo artículo del nuestro, que viene a ser como una introducción de lo que sigue después?
¿Qué no tenemos nada que hacer con estas propuestas? Bueno, tal vez no ahora, pero ya veremos en el futuro, con otras circunstancias. Ya sabemos que en la isla redonda existe un cierto regocijo cuando se habla de este asunto. Saben que han sacado, y siguen sacando, provecho de ese "gran", que les ha dado durante muchos años buenos dividendos en forma de imagen exterior y de acaparamiento de empresas e instituciones, atribuyéndose la representatividad general del Archipiélago ante la confusión que provoca ese calificativo engañoso. Veremos, que quien ríe el último ríe mejor. ¿No lo cree así, don Adán Martín?
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Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea (Aena) ha aprobado esta semana la licitación de la redacción del proyecto para la nueva pista de Gando. Está muy lejano todavía el comienzo de las obras, pero al menos ya hay algo concreto, mientras que aquí la segunda pista del Reina Sofía sigue siendo, a día de hoy, una mera reivindicación de las autoridades de Tenerife. Como no podía ser menos, los políticos de Las Palmas lo han celebrado congratulándose del papel que han jugado en la agilización del proyecto los cargos socialistas ligados a la isla, el primero, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. Están en su derecho. Si han sido más listos que los tinerfeños, enhorabuena y tirón de orejas para los de aquí. Lo que ya no es de recibo es que ciertos medios se regodeen con la noticia, recalcando que mientras ellos ya tienen segunda pista, en Tenerife no hay ni fecha para la construcción de la nuestra. El lector encontrará en la página 4 los detalles de este nuevo desequilibrio en el trato que reciben las dos islas capitalinas y de cómo se alegran de ello ahí enfrente. Mientras tanto, nuestros representantes tinerfeños siguen tan pasivos y permisivos como siempre ante los "pisotones" del vecino amarillo.
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EL DEBATE SOBRE el estado de la nacionalidad canaria celebrado en el Parlamento a lo largo de tres días ha vuelto a poner de manifiesto la inutilidad de tal iniciativa, que podría valer si sirviera para eso, para comprobar cómo está Canarias cada año y, como es lógico, corregir el rumbo en lo que va mal encaminado. Pero, tal como está concebido el debate, esto es, como una aburrida retahíla de supuestos logros del Gobierno, que no se ven por ningún lado, y de acusaciones de todo tipo de la oposición, su utilidad es nula. El que está en el poder no reconoce lo que está haciendo mal y el que quiere acceder al machito sólo busca los puntos débiles del adversario con miras electorales. Pero de tratar lo que le interesa al hombre de la calle, en la Cámara de la calle Teobaldo Power, muy poco. Con alguna honrosa excepción, claro, propiciada seguramente por la inocencia de la juventud. Nos referimos al diputado del PIL Isaac Castellano, que, aún con nervios y voz temblorosa, dijo las cosas más claras que se oyeron en el salón de plenos el pasado miércoles.
Particularmente hilarante resulta la propuesta formulada por Adán Martín sobre un pacto contra la corrupción, una medida basada en compromisos de honradez y de no meter la mano en la lata del gofio. ¿Es que acaso se han respetado otros pactos similares, y anteriores, como el que pretendía acabar con el transfuguismo político en las corporaciones? No traten de poner cortinas de humo sobre la sucesión de escándalos que están aflorando en Canarias y dejemos las consejos para los niños y los cortos de entendimiento. Aquí todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal. Allá cada cual con su conciencia. Ya tenemos el Código Penal. Lo que hace falta es dejar trabajar a los jueces y respetar sus resoluciones, aspecto en el que, precisamente, el Gobierno autónomo no está dando un buen ejemplo con su resistencia a cumplir la sentencia que obliga a sus "señorías" a devolver la parte de la Cámara expropiada ilegalmente a tres particulares o a negociar con ellos unas indemnizaciones acordes con el enorme perjuicio que se les infligió.
Por otro lado, la parte concreta del debate sobre el estado de la nacionalidad, las propuestas de resolución aprobadas, es decir, aquellas peticiones que el Parlamento dirige al Gobierno para que se hagan realidad antes de acabar la legislatura, han degenerado en otra cosa. Por ejemplo, este año el partido que sustenta al Ejecutivo, Coalición Canaria, ha desvirtuado varias de esas propuestas, convirtiéndolas en peticiones al Estado. Es decir, no se ve la autocrítica ni la intención de mejorar por ningún lado. ¿Significa eso que todo se está haciendo bien y no hay nada que cambiar? Entonces no es necesario ningún debate para comprobar el estado de la nacionalidad.
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NOTAMOS QUE TIENEN cada vez más fuerza en el Gobierno de Canarias ciertos consejeros. Uno de ellos, el de Presidencia, ha cometido tres graves errores. En primer lugar, ha sido el asesor jurídico –y no sabemos si todavía sigue siéndolo– en el desahucio de tres familias que sirvió para abrir nuevas oficinas para sus "señorías" en el Parlamento regional; además, está desatendiendo gravemente –y no nos atrevemos a opinar si con intencionalidad– las necesidades de la Universidad de La Laguna; finalmente, cometió la impertinencia de admitir en el Parlamento de Canarias un ataque contra EL DÍA, dando credibilidad a sus autores, pertenecientes al partido Nueva Gran Canaria; y no entramos en el asunto de la policía autonómica, porque no hay por dónde cogerlo. Pero este consejero no se para ahí, no. Ahora arremete contra Unelco y hasta contra los huracanes. Y si sigue así va a acabar dándole un tortazo al mismísimo Creador. Este consejero, por dignidad política, debería estar ya fuera del Gobierno. Como otro de su equipo, el también canarión consejero de Educación, que sigue sacrificando a Tenerife con su duro trato a la Universidad de La Laguna, acabando con la paciencia de los profesores.
Un tercero es el responsable de Infraestructuras, Antonio Castro, que ha atiborrado de obras a G. Canaria, y ahora los medios de comunicación de esa isla nos tiran a la cara su satisfacción burlona. Con este trío, a ver quién va a votar a Coalición Canaria en Tenerife, aparte de los enchufados, claro. ¿Por qué el presidente Adán Martín no puede quitarse de encima este lastre para su Gobierno si ya hizo lo mismo con otros tres consejeros, los del PP, el año pasado? En este punto, recordamos que somos rabiosamente independientes, pero nos duele el declive político de Adán Martín y, con él, el de Tenerife.
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Siempre hemos dicho que los políticos y otros representantes públicos de Las Palmas tienen un afán desmesurado por destacar. Ellos son siempre los más internacionales, los más cosmopolitas y los más de todo. Ahora podemos decir que alguno de ellos roza la megalomanía, acompañada del dispendio. No se puede calificar de otra forma la colocación de una bandera de la isla de Canaria de casi 300 metros cuadrados de superficie sobre un mástil tan alto como un edificio de 20 plantas y al precio de 350.940 euros. Pero, por Dios, ¿no está claro cuál es el propósito de los canariones?
¡Yqué manera de ridiculizar a un pueblo!
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Terminamos como empezamos. Nos congratulamos de ser los únicos en Canarias en reclamar la devolución de todo cuanto le ha sido arrebatado a Tenerife a lo largo de decenios. ¿Alguien nos dirá que también está perdida esa batalla? Que mediten el Parlamento y el Gobierno a dónde nos llevan sus erróneas políticas. La gente no quiere tener como dirigentes a machangos; el vaso de la paciencia popular ya ha rebosado con los abusos y las sinecuras que se pretenden otorgar de por vida a los ex presidentes de la Comunidad –para más "inri", todos sin excepción han desatendido a Tenerife, beneficiando a Las Palmas– con el dinero de los más necesitados. ¿Pero qué podredumbre política se está extendiendo sobre Canarias?
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