El antidemocrático sistema que pretende imponer Rajoy es cualquier cosa menos regeneración democrática
El 15M planteó en su momento la necesidad de que era preciso cambiar el sistema electoral, porque al no ser proporcional no era justo, y siempre favorecía a los partidos mayoritarios. Por entonces Pablo Iglesias sostuvo que el sistema electoral español no se diseñó en la negociación de la Constitución, sino que procede de un gobierno, por entonces aún franquista, que pretendía evitar que se repitiese el sistema de grandes coaliciones que había dado la victoria al Frente Popular en febrero de 1936; y con ello frenar el peso de la izquierda, en especial en las grandes ciudades.
Nadie puede cuestionar que el Sistema D´Hont es radicalmente injusto, al favorecer a las grandes fuerzas políticas en perjuicio de las minoritarias, si bien sus efectos perversos se hacen notar más en las elecciones generales, dado el escaso número de escaños en cada circunscripción; y se agudizan cuando se impone un porcentaje de exclusión o se establece una sobrerepresentación en unas circunscripciones sobre otras (a modo de ejemplo, con apenas 30.000 votos puede obtenerse en Soria un escaño para el Congreso, y en Madrid precisaría más de 140.000 votos).
Todas estas anomalías han sido reiteradamente denunciadas por las fuerzas minoritarias, y en especial por IU, la gran perjudicada del sistema, pero les han venido muy bien a las dos grandes fuerzas políticas, al haberse consolidado el bipartidismo, y su alternancia, y se ha rehuido cualquier debate serio para cambiar de verdad y en profundidad nuestro sistema electoral, para que cada voto tenga el mismo valor, pues solo así se consigue una democracia real. Es más al PP, que aglutina en su seno a un abanico electoral que va desde la ultraderecha al centroderecha, le ha ido aún mejor esta fórmula, que ha perjudicado tradicionalmente a una izquierda fragmentada; no hay duda de que es más fácil poner de acuerdo a los intereses económicos que a las ideas.
En relación a las elecciones municipales, en las que apenas se hacen notar los efectos perversos del sistema D´Hont, y en referencia a la elección de Alcalde, llevamos más de treinta años escuchando de todos los partidos una cosa y la contraria, dependiendo del resultado electoral en cada municipio. Si les favorece que sea Alcalde el candidato de la lista más votada apoyan esa fórmula, pero si precisan un pacto electoral para conseguirlo, la descartan, como si fuese normal cambiar de criterio en razón a lo más conveniente para cada formación política en cada momento y en cada lugar.
Pero cuando el bipartidismo está tocado de muerte, lo que ya se ha percibido en las últimas elecciones europeas, y los resultados electorales pueden tener una lectura muy distinta, el sistema electoral actual se ha convertido en un peligro para las dos grandes fuerzas, y en especial para la elección de alcaldes. De ahí que Don Mariano haya tenido la ocurrencia de modificar la Ley Electoral, pero no en su conjunto, sino limitándola a lo que pueda perjudicar a su partido en las próximas eleccciones municipales, que puede traducirse en la pérdida de alcaldías en decenas de grandes ciudades españolas, en especial en Madrid y Valencia. En consecuencia propone modificar el sistema “a su imagen y semejanza”, para favorecer exclusivamente los intereses del PP, pretendiendo imponer que sea alcalde el candidato de la fuerza más votada; e incluye la medida en su peculiar paquete que ha dado en llamar “regeneración democrática”, cuando sus efectos pueden resultar radicalmente antidemocráticos.
Los socialistas, como ya nos tienen acostumbrados, no se pronuncian y guardan silencio. Pero las fuerzas minoritarias, las más afectadas por tal reforma, han puesto el grito en el cielo. Debemos de ser muy conscientes de que es una fórmula pensada exclusivamente para frenar el imparable efecto Podemos, que puede desencadenar la regeneración de la izquierda y hacer posibles alianzas de las diversas fuerzas políticas que la componen, con unos efectos demoledores para el Partido Popular.
Pero Rajoy en las últimas horas ya se ha dado cuenta de que poner en práctica su ocurrencia beneficiaría de rebote a Bildu y a ERC, al conseguir muchos ayuntamientos, ahora presididos por otras fuerzas políticas mediante las oportunadas alianzas. Y consciente de que le pueden llamar proetarra, o independentista, u otras cosas peores, busca otras fórmulas, que no harán más que complicar una reforma muy inoportuna a diez meses de las elecciones locales. Entre ellas está la de exigir un mínimo de un 40% para que sea alcalde el candidato de la lista más votada, sin descartar una segunda vuelta en algunos casos; todo un galimatías que puede quedar en nada, porque no le salen los números, y así no irá a ninguna parte.
Por cierto, al margen de lo antidemocrático del sistema que pretende imponer Rajoy, se produciría otro efecto perverso, como es el de la imposibilidad de que pueda presentarse una moción de censura dentro de los cuatro años que dura el mandado del alcalde de turno, aunque se plantee por una mayoria cualificada. ¿Y esto es regeneración democrática?. Más bien todo lo contrario; un fraude electoral, que diría más de uno.
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