http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=68071
El periódico El Día sale al paso en su editorial de las críticas recibidas por alentar el soberanismo y el independentismo. En esa defensa, El Día resucita un término despectivo, el de godo, para aplicarlo a quien no comparte sus ideas. De paso, concluye que es un "absurdo" considerar a Canarias una comunidad autónoma española.El editorial de El Día lleva por título 'La colonia para desterrados que disfrazaron de comunidad autónoma' y dice así: " Acaso la incompetencia manifiesta en el trabajo, acaso las ansias de disimular los fracasos propios, acaso la querencia a un orden de las cosas del que obtienen claras ventajas, lleva a diferentes plumillas de los medios de comunicación del Archipiélago a arremeter continuamente contra las ideas de EL DÍA. Por supuesto que tales "escribidores" tienen todo el derecho del mundo a criticar, a exponer su parecer discordante, porque afortunadamente vivimos en unas Islas donde existe la libertad de expresión, una libertad que confiamos se extienda en breve a todas las facetas de la realidad, incluida la política y la administrativa. Pero la situación se torna de otro color cuando tales aprendices de periodistas, porque eso es todo lo que han llegado a ser si muestran tal actitud, traspasan las más simples normas deontológicas para atacar directamente, de forma harto injusta, a la persona del editor y director de este periódico, cuya trayectoria profesional se encuentra avalada, mal que les pese a algunos, por la total apertura de las páginas a las ideas políticas de diferentes tendencias. Las pruebas son contundentes; basta con revisar la hemeroteca para comprobar que a lo largo de los últimos treinta años, tras el retorno a la democracia, EL DÍA ha acogido en sus páginas a conservadores, democristianos, socialistas, socialdemócratas, centristas, liberales, comunistas o nacionalistas. Ahora, sin embargo, se le niega desde otros medios el derecho a expresarse libremente, a enumerar sin ambages unos argumentos contundentes a favor del logro de la soberanía de Canarias dentro de un marco de total entendimiento económico, cultural, lingüístico y sentimental con España, país a cuyos habitantes apreciamos todo lo que se puede apreciar a quien se considera un hermano, pero del que consideramos que ha llegado el momento de escindirse. Se trata sencillamente de llevar a su conclusión el proceso de descolonización de los territorios españoles de ultramar, que quedó interrumpido a principios del siglo pasado por diferentes avatares en la política internacional, principalmente las dos grandes guerras y la Guerra Civil española, a lo que se sumaron los 40 años de mandato del General Franco, en los que, obviamente, era totalmente imposible plantear cualquier posibilidad de soberanismo, y una hiperactiva labor de la diplomacia española en diferentes organismos de ámbito continental y planetario para desarticular cualquier intento de proceso independentista. Pero más tarde, con la llegada de la democracia, se empezó a abrir la puerta de la reivindicación de una Canarias libre, si bien la debida prudencia en una situación política cambiante, con reminiscencias aún del anterior régimen, hacía conveniente esperar. Pero ahora, en 2007, una vez normalizada la situación en el Estado español, no quedan excusas para no cumplir el mandato de la ONU, que el año 2000 declaró al periodo 2001-2010 como segundo decenio para la descolonización.
Pero da la impresión de que las ansias de libertad molestan a algunos, máxime cuando se trata de godos, que no peninsulares, a quienes la práctica del periodismo en las Islas, en este caso concreto al frente de un medio de comunicación que jamás ha levantado cabeza, un eterno segundón que se ha acostumbrado a serlo, parece haberles imbuido de un falso halo de canariedad que muestra sus miserias cada vez que alguien saca el tema de la libertad del Archipiélago, de la descolonización en definitiva. Y no se trata tan solo de responsables de medios nacidos fuera de las Islas, sino también de otros, otro en este caso, a quien, a pesar de haber visto la luz en Canarias, cabe atribuirle el estigma de godo, porque no sólo se empeña en atacar a todo aquel que exprese una opinión diferente a la suya, sino en hacerlo sin atender las más sencillas reglas de la educación democrática y del sentido común. Si los responsables de la empresa en la que presta sus servicios no se esmeran en poner límites a tamaño personaje, por lo que se ve experto en felonías, lo más probable es que a dicho medio le ocurra lo que al anterior, que se consolide en el ingrato papel de eterno segundón. Porque seamos sinceros: quienes han reaccionado de forma exacerbada e insultante contra las tesis soberanistas de EL DÍA, unas ideas por supuesto criticables dentro de un escenario donde prime el respeto, han sido godos en la más amplia acepción del término, es decir, peninsulares o isleños para quienes España debe seguir estando por encima de Canarias, para quienes lo que se decida a dos mil kilómetros de distancia debe seguir determinando la vida de dos millones de personas, de dos millones de canarios de todo origen y pensamiento. Nada tiene de malo ser godo salvo en aquellos casos, tan abundantes en el mundo periodístico y económico, en los que tales creencias se disfrazan de una supuesta canariedad pobre basada en argumentos folcloristas y costumbristas, tal es el defecto, de igual forma, de diferentes representantes del independentismo africanista. Desde estas páginas, sin embargo, defendemos un proyecto serio basado en el reconocimiento de la soberanía como paso previo a la profundización en las relaciones con la Unión Europea.
Son esos mismos godos quienes se empeñan en cantar las excelencias de un texto, la reforma del Estatuto de Canarias, que, parafraseando la denominación que se dio al aprobado por las Cortes de Cádiz, cabría llamar "La Pepona". ¿Recuerdan ustedes a aquella muñeca, tan presente en la infancia de tantas canarias? Su diseño era burdo, los materiales malos, su fragilidad excesiva... Las similitudes con el documento que ya se ha empezado a discutir en el Congreso son evidentes, porque lo que este Archipiélago necesita no es una Pepona, sino una Barbie, un texto moderno, adaptado a los nuevos tiempos y que se convierta en el paso intermedio hacia un estatuto especialísimo que contemple la soberanía de las Islas. Para ello será necesario eliminar los elementos que distorsionan el texto, producto de una ideología goda, o lo que es lo mismo, canariona, porque es en Las Palmas donde se asienta el control español sobre Canarias, y eliminar así el término "gran" para referirse a Canaria, un erróneo añadido que no obedece a argumento territorial alguno pero que, lejos de ser inocuo, humilla a la mayor isla por territorio y población, Tenerife. Del mismo modo resulta imprescindible que las islas se enumeren en orden a su superficie, como es habitual en la práctica totalidad de los textos legales, en lugar de la aberrante clasificación actual según el orden alfabético. Por último, debe recuperarse el escudo histórico del Archipiélago donde Tenerife, por razones obvias fundadas en su superficie y altura, siempre destacó del resto. Sólo con esas modificaciones se abonará el terreno para que germine un archipiélago soberano donde prime la justicia y la igualdad, donde una determinada isla, Canaria, no ejerca de virrey español. Y es que por mucho que se intente disfrazar al Archipiélago de comunidad autónoma , jamás será una más, y ni siquiera lo es su movimiento nacionalista, al que seguro que no se refirió el pasado fin de semana el admirado escritor Mario Vargas Llosa al cargar contra los nacionalismo excluyentes. A los continentales se referiría. El objetivo del nacionalismo canario no es excluir, sino cambiar, sumar el sentido común y la razón histórica a un Estado al que le ha salido mal la jugada de querer pasar a las Islas por lo que no son, una región más del entramado administrativo español. No hace tanto tiempo que el Gobierno nacional recluyó al General Franco y a otros inquietos militares en Canarias, ni del destierro de Miguel de Unamuno en Fuerteventura y de otros políticos en El Hierro. Tales ejemplos muestran a las claras qué consideración se ha tenido hacia las Islas desde el resto de España, un rango de colonia alejada que, lejos de aminorarse, se ha incrementado en las últimas décadas. El año 2010 debe traer el punto y final a ese dislate jurídico que supone la consideración de Canarias como una comunidad autónoma española, un absurdo absoluto ante el mundo civilizado y sensato, y libre. Si el Gobierno de Canarias no trabaja ya en las gestiones ante los diferentes organismos internacionales, sencillamente está incumpliendo con su deber".
Loco de Atar
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Guanarteme-Guayre
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