El fiscal considera «fortuita» la declaración de concurso de la UD
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias entiende que no se pueden encontrar culpables concretos en la bancarrota de la Unión Deportiva, ya que, afirma, un club deportivo flota o se hunde al albur de sus resultados en la competición.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias considera que el proceso concursal en el que está inmersa la Unión Deportiva Las Palmas no fue provocado a conciencia por sus gestores, y entiende que no deben iniciarse acciones civiles contra éstos por un hipotético fraude.
La representación del Ministerio Público presentó en pasados días ante el Juzgado de lo Mercantil el dictamen que exige la Ley Concursal en la última fase del proceso para aclarar si la quiebra de la entidad fue fortuita o culpable.
En este último caso, que equivaldría a apreciar una quiebra provocada, se podrían iniciar procesos civiles contra los gestores del club.
«No parece», concluye la Fiscalía, «que existan elementos de juicio que permitan afirmar que el estado de insolvencia o su agravamiento haya sido buscado de propósito por los gestores de la concursada».
El dictamen del fiscal se apoya, básicamente, en los informes de la administración concursal de 4 de mayo de 2005 y de 21 de julio de 2006, en los que se llegó a la conclusión de que la quiebra había sido fortuita.
El fiscal recuerda que al tratarse de una sociedad anónima deportiva, los resultados económicos dependen en gran parte de elementos propios de la actividad deportiva «de tal manera que unos buenos resultados deportivos, amen de las promociones de categoría, inciden positivamente en los ingresos, y por otro lado, en muchas ocasiones las contrataciones de deportistas o técnicos no satisfacen la confianza en el resultado deportivo inicialmente depositada en ellos con resultado negativo para la economía de la sociedad deportiva pese a la actividad de los gestores, de tal manera que el albur que concurre en todo deporte afecta directamente en la marcha económica, y sería contrario al recto sentido jurídico hacer responsable al gestor de algo que escapa a su control».
10 años en picado.
El representante del Ministerio Público expone que sólo una actividad «notoriamente negligente» podría dar vida al necesario elemento subjetivo para calificarlo [el concurso] de culpable».
En este sentido, recuerda el fiscal que la administración concursal ya apuntó que la Unión Deportiva estaba en «causa de disolución» desde diez años antes de presentar el concurso, por lo que sus gestores en los dos últimos años «ciertamente han podido tener culpa en el mantenimiento de la insolvencia, aumentando el nivel de endeudamiento, pero no puede calificarse como grave, sino, en todo caso, como simple, sin que ello alcance la gravedad que se exige para calificar el concurso como culpable».
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