Los pleitos de Vivienda a los juzgados de Tenerife

[Tamarán]

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LOS SERVICIOS JURÍDICOS ALEGAN QUE ES EN SANTA CRUZ DONDE ESTÁ LA SEDE DE LA CONSEJERÍA

El Gobierno remite los pleitos de Vivienda a los juzgados de Tenerife

Una vecina de Cruz de Piedra tendrá que litigar en la capital tinerfeña, y su abogado ha recurrido.

¿Vive usted en el barrio de Cruz de Piedra, en Las Palmas de Gran Canaria? ¿Tiene que recurrir ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa una decisión del Instituto Canario de la Vivienda? Pues sepa que para litigar con el Gobierno de toda Canarias deberá añadir a los gastos de abogado y procurador los desplazamientos que éstos hayan de realizar a Santa Cruz de Tenerife, porque es en ese partido judicial donde el Ejecutivo regional ha decidido que se residencien todos los pleitos que se refieran a consejerías con sede en esa ciudad.

"La competencia [jurisdiccional] se atribuye al órgano en cuya circunscripción tenga su sede el órgano autor del acto (Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, con sede en Santa Cruz de Tenerife, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 172/2007, de 17 de julio, que determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las consejerías del Gobierno de Canarias". Así se recoge en un escrito presentado por la jefa de los Servicios Jurídicos del Gobierno, Rosa Elena Martínez, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, donde recayó un recurso de una vecina de Cruz de Piedra.

El abogado de la afectada, Francisco Palero, recurrió sin éxito ante el mismo juzgado por considerar que "el Instituto Canario de la Vivienda tiene sede en Las Palmas de Gran Canaria, calle Profesor Agustín Millares Carló, número 18 (...)", según la página web del Gobierno de Canarias. Lo que le lleva a acogerse al artículo 51 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que indica que "las entidades jurídicas también podrán ser demandadas en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tenga establecimiento abierto al publico", como es el caso.

La juez titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5, María Mercedes Martín, se ha inhibido en favor de los juzgados de Santa Cruz, pero la defensa de la afectada ha interpuesto recurso ante la Audiencia Provincial de Las Palmas solicitando que comparezca Paulino Rivero para que explique la Ley de Sedes.

[Tamarán]

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DENUNCIA DE LA ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES DE CANARIAS

''Agravio'' a los grancanarios en los pleitos con el Instituto Canario de la Vivienda

Ciudadanos de la Isla en contencioso con el ICV tienen que acudir a juicio en Santa Cruz de Tenerife, donde se encuentra la sede del organismo.

Representantes de la Asociación de Usuarios y Consumidores de Canarias (AUSCAN) comparecen este miércoles ante la Comisión del Estatuto del Parlamento regional para defender a ciudadanos de Gran Canaria ante lo que consideran un “agravio” a su derecho de defensa en posibles contenciosos judiciales con el Instituto Canario de la Vivienda (ICV).

La asociación denuncia que los Tribunales de lo Contencioso- Administrativo ubicados en la Isla de Gran Canaria se están inhibiendo de las causas contra decisiones adoptadas por el ICV, derivándolas a los juzgados de Santa Cruz de Tenerife, extremo que ha sido confirmado por el Colegio de Abogados de Las Palmas.

El motivo que arguyen y que ratifican los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma es que la sede oficial del organismo se encuentra en la capital tinerfeña.

En documentos judiciales a los que ha tenido acceso CANARIAS AHORA, la Sala de lo Contencioso- Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria se declara incompetente para resolver los conflictos de los ciudadanos con una concesión administrativa de vivienda del Gobierno regional.

Esta circunstancia obliga a los residentes en Gran Canaria a ejercer su derecho de defensa en Santa Cruz de Tenerife, nombrar abogado o procurador en esa sede o correr con los gastos de desplazamiento y estancia si decide recurrir a un letrado de su Isla.

La decisión de los tribunales obvia, a juicio de la Asociación de Usuarios y Consumidores, “elementos sustanciales”, como la doble capitalidad recogida en el Estatuto de Autonomía o la doble sede administrativa de las consejerías, direcciones generales y organismos autónomos del Gobierno de Canarias.

Además, la asociación hace referencia a un precepto recogido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, según el cual “los pleitos relativos a la vivienda, propiedad o alquileres, se resuelven en los juzgados donde esté ubicada la misma, no importa donde tenga fijada la residencia el propietario o arrendatario”.

AUSCAN elevó a los presidentes del Gobierno y del Parlamento de Canarias esta queja el pasado mes de octubre. La asociación aún no ha recibido respuesta del Ejecutivo regional, pero ha sido convocada por la Cámara para el estudio de su denuncia