No está pero se la espera. Ineco, la empresa estatal de ingeniería dependiente del Ministerio de Fomento, estudia la implantación de la temida Euroviñeta en España. El objetivo de este canon, importado desde Alemania y Suiza, consiste en repartir el coste de las carreteras entre los usuarios reales para evitar que sean todos los contribuyentes en general quienes actúen como paganos finales de un bien público cuya conservación y mantenimiento no resulta gratis al Estado.
La ministra Ana Pastor ha rechazado la petición de las concesionarias de autopistas que han venido reclamando la necesidad de establecer un peaje en las autovías de primera generación como fórmula para resolver el “agujero” patrimonial de las célebres radiales actualmente en suspensión de pagos. La responsabilidad del Estado alcanza la cifra de 3.800 millones de euros y eso descontando los más de 1.000 millones que los sucesivos Gobiernos del PSOE y del PP han ido habilitando para evitar el desastre de unos proyectos que se han demostrado claramente inviables, dado el coste de las expropiaciones y el fiasco de los planes de negocio con que fueron concebidos.
La titular de Fomento es consciente del delicado momento que atraviesa el sector del transporte terrestre en España y ha conseguido que Hacienda desista de cualquier tentación orientada a incrementar los costes de una actividad estratégica desde el punto de vista económico y determinante a la hora de evitar la crispación social. Ana Pastor mantiene un pulso, a veces tácito y otras más explícito, con su colega Cristóbal Montoro para diferenciar un marco tributario que, en su caso, esté siempre orientado a financiar un bien de dominio público como es la red de carreteras repartiendo el coste entre todos los vehículos que circulan por España.
El anteproyecto de Presupuestos del Estado que estos días se debate en el Parlamento no ha incluido ninguna figura impositiva en esta materia, pero fuentes oficiales reconocen que nadie puede descartar la adopción de alguno de estos mecanismos de financiación que ya han implantado otros países de Europa. El ejemplo más reciente es el de Portugal, obligado a aplicar la Euroviñeta a instancias de la troika que supervisa la economía del país vecino tras el rescate de su deuda soberana.
Los estudios elaborados por Ineco inciden en el pago de peaje por uso de las carreteras mediante sistemas de control de accesos tanto terrestres como vía satélite. Los ingresos derivados de estos mecanismos alcanzan cifras cercanas a los 2.000 millones de euros anuales, que permitirían un importante desahogo en los planes de inversión del Ministerio de Fomento. Sin embargo, el equipo dirigente que encabeza Ana Pastor prefiere explorar otras soluciones y matizar la adopción en España de la Euroviñeta como si se tratara de un gravamen destinado a todo tipo de vehículos en calidad de potenciales usuarios.
La idea del Gobierno tiende más directamente a una especie de canon equivalente al célebre “numerito” o impuesto de circulación, orientado en este caso a garantizar un reparto equitativo de cargas dentro del parque de automóviles en España. Los trabajos de simulación de lo que podría ser una Euroviñeta “made in Spain” incluyen diversos escenarios a partir de una tarifa anual de 40 euros que supondría una recaudación estimada de alrededor de 1.500 millones de euros. Una pretensión algo más modesta que la inicialmente cuantificada pero que más pronto que tarde formará parte de esos “Expedientes X” cocinados entre las bambalinas del programa de ajuste y reformas en España.
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