Bañez ya no sólo sospecha del fraude entre los parados, ahora también recela de los autónomos
VIERNES, 23 DE NOVIEMBRE DE 2012 DIARIO PROGRESISTA
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha demostrado que no sólo sospecha de los parados, a los que habitualmente insulta calificándoles de presuntos defraudadores sistemáticos. Ahora también ha puesto en su particular punto de mira a los autónomos, a los que ha obsequiado con la creación de un grupo de trabajo para investigarlos y "perseguir el fraude".
Bañez ya no sólo sospecha del fraude entre los parados, ahora también recela de los autónomosCuriosamente, la ministra del Paro más que del Empleo, en el país con la más alta siniestralidad laboral de Europa, con el mayor número de trabajadores con empleos precarios, contratos aberrantes con una temporalidad desorbitada, no siente la necesidad de reforzar la Inspección de Trabajo para acabar con los abusos de los empresarios ante unos trabajadores cada vez más necesitados y más desprotegidos. A la campaña lanzada para criminalizar a los parados, a los que habitualmente considera ‘sospechosos’ de no querer trabajar y vivir a cuerpo de Rey con los opíparos seguros de desempleo que prodiga el Estado, ha sumado ahora una nueva ofensiva contra los autónomos.
En su particular visión de la realidad, los trabajadores por cuenta propia han pasado de ser “los emprendedores” de los reclamos electorales, a una bolsa de fraude que hay que combatir con celeridad y sin reparar en medios.
Báñez ha señalado que el grupo de trabajo, le debe entregar sus conclusiones antes de tres meses, aunque a la ministra no le hacen mucha falta, porque al parecer ya tiene detectado el problema y, seguramente, buena parte de sus ‘habituales soluciones’. "Tolerancia cero con el fraude, porque es una merma para todos los ciudadanos", espetó Báñez.
La ministra ha demostrado una vez más su profundo conocimiento del mercado laboral español al identificar el presunto fraude laboral que se pueda dar entre los trabajadores autónomos con la causa primordial que “pone en riesgo la estabilidad de nuestro sistema de la Seguridad Social”, al tiempo que supone una competencia desleal entre las empresas que cumplen con sus obligaciones y las que no".
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