* El servicio de estudios de Hacienda asegura que sólo así se podrá garantizar la supervivencia del sistema público de pensiones a largo plazo
* Advierte de que semejante tijeretazo podría generar bolsas de pobreza entre la población pensionista
Protesta contra la extensión a 67 años de la edad de jubilación.
La cuantía de las futuras pensiones tendrá que reducirse hasta en un 45% si se quiere garantizar la supervivencia del sistema público de protección social.
Así se refleja en un informe elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales, el servicio de estudios del Ministerio de Hacienda, sobre las implicaciones que tendrá sobre el sistema público de pensiones la aplicación del llamado factor de sostenibilidad, en cuya fórmula de aplicación trabaja actualmente la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo con el objetivo de presentar un informe antes del verano.
El informe subraya que, a la luz del perfil de la pirámide española de población para los próximos años, las medidas ya adoptadas, como la extensión progresiva de la edad de jubilación hasta los 67 años y la ampliación de 15 a 25 años del periodo de cotización que se tendrá en cuenta para calcular la pensión, se quedarán muy cortas a la hora de garantizar el futuro de las pensiones públicas.
En concreto, el Instituto estima que dichas medidas apenas servirán para retrasar en tres o cuatro años la quiebra del sistema y eso que, según sus cálculos, se traducirán en una disminución de 3.000 euros anuales en la pensión media que percibirán los futuro jubilados españoles, es decir, un descenso del 15%.
Sin embargo, el incremento exponencial del flujo de personas que alcanzarán la edad legal de jubilación a partir del año 2025 y la mejora de las expectativas de esperanza de vida harán que, aún con una estimación optimista de la evolución de la tasa de ocupación y de los salarios en la sociedad española, el desequilibrio del sistema de pensiones tal y como lo conocemos hoy sea inevitable.
El reto de la sostenibilidad
La conclusión que alcanza el IEF es rotunda: si se quiere mantener el sistema público de pensiones tal y como lo conocemos hoy la aplicación del factor de sostenibilidad deberá recortar la cuantía de las nuevas pensiones de forma muy significativa.
Ese ajuste no afectaría, lógicamente, a las pensiones que la Seguridad Social ya está abonando en la actualidad, sino a las de los españoles que alcanzarán la edad de jubilación en el futuro. Al menos, ése es el escenario de trabajo que ha utilizado el instituto.
Sus conclusiones varían según el factor de sostenibilidad elegido. Si éste fuera únicamente la esperanza de vida de los ciudadanos, el ajuste sería relativamente suave, ya que no esperan variaciones extremas de este indicador en los próximos años y sólo exigiría una reducción de la pensión media del 22%, respecto a la que se percibiría bajo las condiciones actuales.
Sin embargo, en un análisis más realista, elaborado sobre la relación esperada de número de cotizantes a la Seguridad Social (es decir, flujo de ingresos) y número de pensionistas (nóminas a pagar), el ajuste necesario en la prestación media para acompasar los gastos esperados del sistema a los ingresos previstos se dispararía hasta el 45%.
Cualquier medida que se adoptase en el futuro cercano o más lejano para garantizar la sostenibilidad de las pensiones debería, por tanto, tener como referencia ese porcentaje de ajuste si lo que se quiere es mantener el equilibrio entre los ingresos y los gastos del sistema.
De este modo, recalca el informe, el problema de la sostenibilidad financiera del sistema quedaría resuelto, pero a costa, advierte el IEF, de generar importantes bolsas de pobreza entre la población pensionista.
Posibles alternativas
Hay que aclarar que todas estas estimaciones se basan en la estructura actual del sistema, es decir, se apuntan los ajustes que habría que realizar para equilibrar las cuentas de las pensiones públicas sobre la premisa de una edad legal de jubilación de 67 años y un periodo de cálculo de la pensión de 25.
En opinión del investigador del think tank de Hacienda y autor del informe, el profesor de la Universidad de Cantabria y experto en econometría, Ignacio Moral-Arce, entre las posibles alternativas es imperativo poner en marcha medidas que, por la parte de arriba de la pirámide poblacional, prolonguen la vida laboral de los trabajadores, y, por la de abajo, agilicen la incorporación de los jóvenes al mundo laboral.
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