La noticia ha saltado a primera hora de la mañana. Tampoco nada espectacular, apenas tres párrafos sin fotografía perdidos en las profundidades de la portada digital de una cabecera nacional, pero ningún lector ávido de sensaciones fuertes hubiera dejado pasar semejante titular. Por lo que parece, existen temas más trascendentes tanto para el consejo de redacción del medio como para los propios lectores. El enésimo atentado en Kabul del mes, la boda de Di Stefano, la final de la Copa del Rey… Esas cosas.
Ilustración de Mikel Jaso con licencia Creative Commons
Más allá de las siempre originales prioridades cognitivas de algunos ambientes sociales, lo que queda claro es que si el Ministerio de Hacienda presta la misma atención a la demanda que acaba de realizar el cuerpo de inspectores que los medios de comunicación y los ciudadanos, entonces los inspectores van listos. Lo cual es una pena, porque, así a groso modo, leyendo el titular, dan cuanto menos ganas de interesarse por el asunto.
“Los inspectores de Hacienda piden poder actuar de incógnito y pagar a confidentes”
No me digan que no es jugoso. Ya se lo advertí. Suena como a detectives privados y a novela negra, a personajes con gabardina -el cuello bien subido- y sobrero bien calado caminando en noches lluviosas por calles oscuras, protegiendo algún oscuro bulto bajo el brazo. Como debe ser. Pero me temo que esa es una visión demasiado romántica del asunto, y que puestos a eso, mejor leer a Doyle, a Simenon, a Agatha Christie o a Poe. Dónde va a parar.
No, no hay ningún Dupin en el cuerpo de inspectores del Ministerio de Hacienda. Lo que sí que hay, por lo visto, son funcionarios saturados de trabajo y enormemente condicionados por una estructura legal y administrativa que, lejos de facilitar el correcto ejercicio de sus funciones, lo plaga sistemáticamente de trabas, cuando no lo impide directamente. Sólo así es comprensible que un grupo de funcionarios de primer nivel como el de inspectores de hacienda, que ya publicó en 2011 un informe analizando el problema y ofreciendo posibles soluciones al mismo, realicen peticiones como la que protagoniza esta noticia.
Analicémosla. En primer lugar, los inspectores de Hacienda han pedido al Ministerio poder actuar de incógnito. Tiene toda la lógica del mundo. En el fondo, no dejan de ser cazadores. ¿Y qué cazador se dedica a la caza previniendo a sus presas a grito pelado, avisándolas en todo momento de su posición mientras avanza? El que no caza, evidentemente. ¿Coste de ejecución de la medida? Tendente a cero. ¿Posibles beneficios? Suena bien.
La segunda reivindicación del gremio de inspectores habla de retribuir a las fuentes que denuncien a evasores fiscales. Fundamentalmente bancos, asesorías y bufetes. De hecho, lo tienen tan claro que su propuesta ya incluye cifras concretas: proponen que el informador reciba entre un 20% y un 30% del dinero recuperado por la Hacienda pública gracias a su información.
Con esta reclamación, la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado quiere presionar al Ministerio para que aumente, ya que no los recursos, sí la eficacia de las actuaciones que llevan a cabo en materia de lucha contra el fraude. Algo que, como veremos a continuación, parece bastante más que factible.
Según el Informe sobre distribución de la renta en España 2012 , publicado por Consejo Económico y Social (CES), el año pasado el fraude fiscal en España equivalió al 6% de PIB nacional. Estimado éste en casi un billón y medio de dólares… calculen ustedes.
El dato plantea sin duda un gran número de interrogantes, pero deja bien clara una cosa: que en España o hay muchos estafadores, o unos pocos que están estafando mucho.
El informe también resuelven esta disyuntiva, ofreciendo una distribución de los protagonistas del fraude fiscal y de la economía sumergida en España. Según el CES, las grandes empresas y los grandes patrimonios son los responsables directos del 72% del fraude en nuestro país. En segunda posición pero muy por detrás se encuentran las pequeñas y medianas empresas, con el 17% del total. Cierran la lista los autónomos, con un 9%, y el sector no empresarial con el 2%.
Otros informes más recientes, como el de la organización Tax Justice Network , publicado en la revista Foreign Policy, nos sitúan como la décima potencia mundial este la materia, con un fraude fiscal y una economía sumergida que superan el 22% del PIB español. Ese porcentaje supone 107.350 millones de dólares, que se traducirían en 82 mil millones de euros para el Ministerio de Hacienda. En 2011 la lucha contra el fraude fiscal en España recaudó 909 millones de euros.
Fuente: Elcaptor.com
¿Recuerdan las cifras del no rescate financiero, del déficit de la economía española, recuerdan la necesidad de “acometer reformas estructurales” y de apretarnos entre nueve y quince agujeros el cinturón? Pues resulta que si todo el dinero evadido a través del fraude fiscal y de la economía sumergida aflorara, el déficit -y es de suponer que con él los ajustes que Bruselas ha demandado y demanda a España- desaparecería.
Visto el panorama, la demanda de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado cobra otra dimensión. Porque la situación actual demuestra que las políticas y las leyes destinadas a contener y perseguir el fraude fiscal son manifiestamente insuficientes y limitadas.
Como siempre, a los periodistas nos toca mirar mal. Ser malpensados. Aunque bueno, eso ahora está muy de moda. En cualquier caso, dada el peso que tienen las grandes empresas y patrimonios en el fraude fiscal, así como la influencia que tradicionalmente han tenido en los círculos y centros de poder, cabría preguntarse si no habrá una relación entre una cosa y otra. Entre la facilidad que tiene en España los grandes capitales –en general- para ser, paradójicamente, quienes más ganancias tienen y quienes menos contribuyen al erario público.
Si eso es así, y cuanto menos lo parece, la demanda del cuerpo de inspectores de Hacienda debería ser más que bienvenida en un ministerio y en un gobierno que atraviesan la mayor crisis económica de la historia de la democracia en España. Un gobierno que conociendo como conoce esta situación, prefiere ejecutar recortes en ámbitos fundamentales y realizar constantes subidas de impuestos, que recaen siempre sobre una cada vez más deprimida clase media.
Cristobal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones públicas | Foto: Partido Popular
En ese sentido, medidas como la amnistía fiscal son un auténtico insulto a la ciudadanía en general, y muy especialmente al gran grupo de pequeños y medianos contribuyentes que está cargando con la mayor parte de la imperiosa necesidad de financiación del Estado. En ese sentido, la propuesta de la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal es quizá la única buena noticia, pero, visto lo visto y conociendo los antecedentes… permítanme que sea escéptico.
Dada la situación de la economía española, la sociedad debe hacer un esfuerzo y cambiar de chip, de perspectiva, y dejar de mostrarse complaciente en un aspecto tan esencial. En las últimas décadas la bonanza económica hizo que el fraude fuese un problema menor, e incluso se llegó a dar el caso de que el hecho de defraudar, de esquivar dinero a la hacienda pública, tuviese cierto halo de prestigio. Hoy ese escenario ya no existe, y el fraude constituye un problema realmente serio.
En primer lugar, porque constituye una amenaza directa contra la supervivencia del modelo de estado de bienestar por el que llevan trabajando y luchando tantas generaciones en nuestro país. Y, en segundo, porque demuestra una falta absoluta de compromiso por parte de muchos de los actores fundamentales de nuestra sociedad con los valores de honestidad y solidaridad sobre los que ésta se asienta.
http://via52.com/2013/05/17/metiendo-ma ... en-espana/