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Mientras una ex Ministra de Vivienda del PSOE comenta cosas como estas:

La exministra Trujillo a quienes afrontan el desahucio: “No haberse endeudado”

El que tenga deudas, que las pague. Que no se hubiera endeudado". Esta parece ser la aportación de la socialista María Antonia Trujillo al debate sobre el drama de los desahucios y la necesidad de modificar la legislación hipotecaria para proteger a los deudores de los bancos. Trujillo, que fue ministra de Vivienda en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero (entre 2004 y 2007) y diputada del PSOE hasta hace un año, ha expresado su teoría en la red social Twitter.

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha respondido a su compañera de partido -y profesora de Derecho Constitucional- en esa misma red social: "Fuiste ministra de Vivienda, pero dónde has dejado tu alma socialista?". Ella le ha contestado a su vez: "¿A qué te refieres? Cuando hagas sencillo gesto de leer mi TL [el historial de mensajes], hablamos. Sin alma, con sentido común. Tú eres responsable de todo".

Este periódico ha intentado -en vano- contactar con Trujillo para confirmar que efectivamente escribió eso en Twitter y que su cuenta no ha sido pirateada. La indignación provocada en la red social por el mensaje de la exministra -publicado anoche- ha hecho que esta sugiriera en otro tuit que no se refería a los desahuciados: "Lo de los desahucios lo has puesto tú", ha contestado a un ciudadano que le recriminaba esas palabras. Aunque más tarde ha añadido en otro mensaje: "Yo no compro lo que no puedo pagar".

Trujillo lleva tiempo alejada de la dirección federal del PSOE y periódicamente sorprende con disgustos como el de hoy a los dirigentes del partido, que se esfuerzan por subrayar su escaso peso político actual. Hace poco, por ejemplo, pidió en Twitter la dimisión del secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, con motivo del fracaso socialista en las elecciones gallegas y vascas.

http://politica.elpais.com/politica/201 ... 21883.html


OLË sus huevos.

Estrategias oblicuas
La letra pequeña del plan antidesahucios

Algunos datos para explicar qué entiende el Gobierno por «extrema necesidad» y cuántas «familias de buena fe» se pueden beneficiar del nuevo plan de urgencia contra los desahucios. De todos los hogares españoles, solo el 3,7% son familias numerosas -tres hijos o más- y alrededor del 4% están formadas por un adulto con al menos dos hijos a su cargo. Apenas el 1,1% de los españoles menores de 65 años padecen una discapacidad total que les impide trabajar y poco más del 2% de la población tiene 3 años o menos. Cerca del 3% de las mujeres -el 1,5% de la población- han denunciado en alguna ocasión violencia machista y no hay datos sobre el último requisito: que todos los miembros de la unidad familiar estén en paro y sin prestación alguna. Además de ingresar menos de 19.200 euros al año entre toda la familia, hace falta pertenecer al menos a una de estas minorías estadísticas para beneficiarse de la prórroga de dos años para los desahucios que ha aprobado el Gobierno. La conclusión es obvia: el decreto de urgencia solo soluciona una pequeña parte del problema, una mínima fracción de la catástrofe. Pero el porcentaje más desolador es otro: ni uno solo de los tres suicidas que en las últimas semanas han colocado este debate sobre la mesa del Consejo de Ministros cumplía con estos requisitos. El 100% de ellos habría quedado fuera de la solución tomada. Es un 0% de eficacia, un auténtico logro.


Manifestación, promovida por sindicatos y colectivos sociales en Bilbao, para protestar por los desahucios y los recortes sociales tras el suicidio de una mujer en Barakaldo y las medidas aprobadas por el Gobierno central. Luis Tejido | EFE

Todos estos porcentajes salen del INE, pero son simples aproximaciones: ni siquiera se conocen a ciencia cierta cuántos de los desahucios son de la primera vivienda y no de la casa en la playa. Nos falta el mapa completo porque el Gobierno no lo ha dado. Nadie ha explicado cuántos desahucios se retrasarán con esta medida paliativa, ni siquiera sabemos cuántas familias están ya afectadas por este problema porque los únicos números -incompletos- son los de los juzgados. Pese a la gravedad de la situación, no hay datos públicos y no está claro si es por torpeza o por maldad: no sabemos si el Gobierno ignora la realidad de las leyes que aprueba y de la sociedad que gestiona o es que nos la oculta de forma consciente para que no quede patente su fracaso. No tengo claro cuál de las dos alternativas es más preocupante.

Sí conocemos otro porcentaje: el 100% de los desahuciados -tanto los que entren por el ojo de aguja que ha puesto el Gobierno como los que queden fuera- van a perder su casa. La ejecución de una hipoteca tiene varias etapas: primero se pierde la propiedad de la vivienda y luego la posesión, su uso. Lo que se ha retrasado por dos años para una pequeña fracción de los afectados es solo el segundo paso, por lo que perderán tanto la propiedad como la posesión tarde o temprano, incluso aunque después paguen. Lo que ha aprobado el Gobierno no es una solución: es una tirita incapaz de contener una inmensa vía de agua.

http://www.elperiodico.com/es/noticias/ ... os-2252420

soycarlo15 escribió:y no hay datos sobre el último requisito: que todos los miembros de la unidad familiar estén en paro y sin prestación alguna. Además de ingresar menos de 19.200 euros al año entre toda la familia, hace falta pertenecer al menos a una de estas minorías estadísticas para beneficiarse de la prórroga de dos años para los desahucios que ha aprobado el Gobierno

Casualmente del requisito que más se da no hay datos... encima el requisito no es que todos los miembros de la unidad familiar esté en paro y sin prestación alguna:

Las unidades familiares en las que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado la prestación.


No hay más preguntas señoria

El fondo social de viviendas con alquileres moderados tampoco sirven de nada?

Asamblea de Ecuador podría declarar fraudulentas las hipotecas adquiridas en España

La bancada plurinacional de izquierda de la Asamblea del Ecuador, formada por Pachakutik y el Movimiento Popular Democrático (MPD), ha presentado un proyecto de ley para declarar fraudulentas las hipotecas adquiridas en España ya que consideran que los procedimientos de endeudamiento hipotecario han carecido de legalidad y legitimidad y han sido realizados bajo engaño.

El objeto de la Ley es defender y garantizar los derechos de los migrantes y sus familias que han sido afectadas por el fraude hipotecario cometido en España. De aprobarse, la ley dejaría sentada la prohibición de que cualquier entidad financiera ecuatoriana o extranjera pueda iniciar los trámites de cobro en el país y ordena a los estamentos judiciales del Ecuador no procesar ninguna petición de este tipo.

La ley recoge en su texto: “En el territorio nacional no se reconoce validez jurídica de los compromisos financieros contraídos para adquirir las viviendas en España y los actos judiciales que de estos se hayan derivado y/o se deriven en el futuro, por haber sido establecidas bajo condiciones de ilegalidad y fraude”.

Por último en el artículo 9 se preveen sanciones penales para los responsables de entidades que pretendan embargar bienes por este motivo en el Ecuador.

Algunas razones por las cuales el proyecto de ley considera fraudulentas las hipotecas

En algunos casos el crédito no cubría los gastos correspondientes a las escrituras y a la parte que reclamaba la inmobiliaria por la intermediación. La misma inmobiliaria concedió créditos aparte, para lo cual se firmaron letras de cambio (inclusive en blanco, sin valor, ni fecha) y se cobraron intereses no sobre el saldo adeudado sino por el total, durante todo el período.

La reacción de la banca se ha evidenciado en una desenfrenada y agresiva presión hacia los hipotecados y avalistas para que paguen. La respuesta de los deudores es que no tienen empleo, ni ingresos, y que quieren cubrir la deuda con la entrega del piso, aún cuando esto suponga la pérdida de todas las cantidades hasta ahora pagadas con puntualidad. Los bancos y cajas frente a esta “dación en pago” vuelven a realizar una tasación, en algunos casos con la misma sociedad de tasación que participó en la compra y concesión de la hipoteca. Ahora esta tasadora valora a la baja los pisos, por lo que las entidades financieras solamente quieren aceptar la entrega de los pisos como pago parcial, quedando todavía importantes deudas para los hipotecados, quienes además de esta deuda no tienen donde vivir, y para completar la gravedad de la situación difícilmente pueden subsistir y cubrir las necesidades básicas como la alimentación de sus familias.

Las entidades bancarias han iniciando la ejecución de las hipotecas en los juzgados correspondientes, frente a lo cual los inmigrantes no pueden defenderse por cuanto desconocen los procedimientos y sus derechos, pero también porque se les ha negado en innumerables casos el derecho a la justicia gratuita, quedando en situación de riesgo de indefensión, endeudados, sin ingresos y sin tener donde vivir.

Aunque la ley por ser de aplicación nacional en el Ecuador no lo destaca en su texto, cabe recalcar que este es un abuso y un drama humano del cual han sido víctimas indistintamente tanto ciudadanos españoles como inmigrantes.

Los ecuatorianos y las hipotecas

Según los analistas de esta ley, aunque la cantidad de ecuatorianos con deudas hipotecarias es baja, se podrían llegar los a tres mil trescientos millones de euros (3.300’000.000) comprometidos en este tipo de operaciones.

La morosidad es alta, solamente el 29% de deudores está pagando al día sus créditos y cerca del 60% están en mora. Se debe tomar en cuenta que al 11% ya le han iniciado la ejecución de la hipoteca, lo que demuestra que las entidades financieras conocen la gravedad del problema.

Es preocupante la enorme cantidad de ecuatorianos que en los actuales momentos están desempleados con lo cual se espera que esta realidad aumente y se agudice en poco tiempo.

En muchos casos quienes avalan a los inmigrantes son otros inmigrantes, que generalmente también están en la misma necesidad de ser avalados. El 9% de hipotecados no consiguió sus avalistas y fue la inmobiliaria la que se los proporcionó, dándose casos de no saber ni quiénes son, ni dónde viven. Otro dato revelador es que el 33% de los hipotecados de la muestra dio avales a otros inmigrantes ya que era la condición para no perder el anticipo y sobre todo para que pudieran comprar su propio piso.

Solidaridad con el pueblo de España

De aprobarse esta ley se creará un precedente internacional en comenzar a reconocer legalmente que estas hipotecas fueron fraudulentas y que violan el derecho humano a una vivienda digna como lo dicta el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que puede ser un respaldo sin precedentes y un primer paso de solidaridad internacional para terminar con este imponente drama humano que se vive en cada barrio y rincón de España.

ARTÍCULO 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad.

http://www.librered.net/?p=13006

soycarlo15 escribió:Asamblea de Ecuador podría declarar fraudulentas las hipotecas adquiridas en España

La bancada plurinacional de izquierda de la Asamblea del Ecuador, formada por Pachakutik y el Movimiento Popular Democrático (MPD), ha presentado un proyecto de ley para declarar fraudulentas las hipotecas adquiridas en España ya que consideran que los procedimientos de endeudamiento hipotecario han carecido de legalidad y legitimidad y han sido realizados bajo engaño.

El objeto de la Ley es defender y garantizar los derechos de los migrantes y sus familias que han sido afectadas por el fraude hipotecario cometido en España. De aprobarse, la ley dejaría sentada la prohibición de que cualquier entidad financiera ecuatoriana o extranjera pueda iniciar los trámites de cobro en el país y ordena a los estamentos judiciales del Ecuador no procesar ninguna petición de este tipo.

La ley recoge en su texto: “En el territorio nacional no se reconoce validez jurídica de los compromisos financieros contraídos para adquirir las viviendas en España y los actos judiciales que de estos se hayan derivado y/o se deriven en el futuro, por haber sido establecidas bajo condiciones de ilegalidad y fraude”.

Por último en el artículo 9 se preveen sanciones penales para los responsables de entidades que pretendan embargar bienes por este motivo en el Ecuador.

Algunas razones por las cuales el proyecto de ley considera fraudulentas las hipotecas

En algunos casos el crédito no cubría los gastos correspondientes a las escrituras y a la parte que reclamaba la inmobiliaria por la intermediación. La misma inmobiliaria concedió créditos aparte, para lo cual se firmaron letras de cambio (inclusive en blanco, sin valor, ni fecha) y se cobraron intereses no sobre el saldo adeudado sino por el total, durante todo el período.

La reacción de la banca se ha evidenciado en una desenfrenada y agresiva presión hacia los hipotecados y avalistas para que paguen. La respuesta de los deudores es que no tienen empleo, ni ingresos, y que quieren cubrir la deuda con la entrega del piso, aún cuando esto suponga la pérdida de todas las cantidades hasta ahora pagadas con puntualidad. Los bancos y cajas frente a esta “dación en pago” vuelven a realizar una tasación, en algunos casos con la misma sociedad de tasación que participó en la compra y concesión de la hipoteca. Ahora esta tasadora valora a la baja los pisos, por lo que las entidades financieras solamente quieren aceptar la entrega de los pisos como pago parcial, quedando todavía importantes deudas para los hipotecados, quienes además de esta deuda no tienen donde vivir, y para completar la gravedad de la situación difícilmente pueden subsistir y cubrir las necesidades básicas como la alimentación de sus familias.

Las entidades bancarias han iniciando la ejecución de las hipotecas en los juzgados correspondientes, frente a lo cual los inmigrantes no pueden defenderse por cuanto desconocen los procedimientos y sus derechos, pero también porque se les ha negado en innumerables casos el derecho a la justicia gratuita, quedando en situación de riesgo de indefensión, endeudados, sin ingresos y sin tener donde vivir.

Aunque la ley por ser de aplicación nacional en el Ecuador no lo destaca en su texto, cabe recalcar que este es un abuso y un drama humano del cual han sido víctimas indistintamente tanto ciudadanos españoles como inmigrantes.

Los ecuatorianos y las hipotecas

Según los analistas de esta ley, aunque la cantidad de ecuatorianos con deudas hipotecarias es baja, se podrían llegar los a tres mil trescientos millones de euros (3.300’000.000) comprometidos en este tipo de operaciones.

La morosidad es alta, solamente el 29% de deudores está pagando al día sus créditos y cerca del 60% están en mora. Se debe tomar en cuenta que al 11% ya le han iniciado la ejecución de la hipoteca, lo que demuestra que las entidades financieras conocen la gravedad del problema.

Es preocupante la enorme cantidad de ecuatorianos que en los actuales momentos están desempleados con lo cual se espera que esta realidad aumente y se agudice en poco tiempo.

En muchos casos quienes avalan a los inmigrantes son otros inmigrantes, que generalmente también están en la misma necesidad de ser avalados. El 9% de hipotecados no consiguió sus avalistas y fue la inmobiliaria la que se los proporcionó, dándose casos de no saber ni quiénes son, ni dónde viven. Otro dato revelador es que el 33% de los hipotecados de la muestra dio avales a otros inmigrantes ya que era la condición para no perder el anticipo y sobre todo para que pudieran comprar su propio piso.

Solidaridad con el pueblo de España

De aprobarse esta ley se creará un precedente internacional en comenzar a reconocer legalmente que estas hipotecas fueron fraudulentas y que violan el derecho humano a una vivienda digna como lo dicta el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que puede ser un respaldo sin precedentes y un primer paso de solidaridad internacional para terminar con este imponente drama humano que se vive en cada barrio y rincón de España.

ARTÍCULO 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad.

http://www.librered.net/?p=13006

Si es que no hace falta más que decir. Si se lo dicen desde la propia Bruselas y ahora ya desde países distintos. Lo dicen los decanos de jueces y hasta los países como Estados Unidos con leyes de segunda oportunidad.

PD: Tony_lp tanto que defiendes al Partido Popular. No ironices con Franco a ver si se van a enfadar a los que defiendes, que entre ellos hay muchos seguidores.

Cositas como estas son las que le hacen a uno estar más cerca de gente como Rafael Correa, que de todo el tinglado estafador oligárquico de los que somos marionetas. Lleva latino américa camino de recuperar la dignidad que Occidente, el FMI les arrebató en los 80 y 90.

Tanto han criticado a sudamerica, sus politicas y demas... y ahora son ellos los que nos estan dando un repaso a nosotros... cosas del escupir para arriba y de presumir de pais "desarrollado" para menospreciar a los latinos. Y mira ahora, quien conoce a alguien que se ha ido a trabajar a algun pais de latinoamerica?

Soñando...



Ahora que cada uno le de el significado que quiera a la imagen! pero es la pura realidad...

Pues a ver si es verdad,que les va tan bien allà,y empiezan a retornar,todo los que han venido,lo dudo,pero en fin esperaremos.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó este martes que el Gobierno estará abierto a nuevas propuestas contra los desahucios durante la tramitación del Real Decreto-ley aprobado recientemente, que afectará a más de 600.000 familias, según sus cálculos.

http://www.laprovincia.es/espana/2012/1 ... 98461.html

Ojalá todos los "parches" fueran iguales.

No se como lo hacen pero segun que calculos son muy que muy exagerados o se quedan muy que muy cortos...

Sera segun si les beneficia o no...

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