15 de mayo de 2012 | 18:56
El flamante Gobierno andaluz ha sacado ya la tijera a pasear y parece ser que como viene siendo norma habitual entre los políticos, cuando llegan al Gobierno olvidan el programa electoral (PDF) o bien, comienzan a ejecutar acciones políticas que no vienen reflejadas en los panfletos que reparten para mendigar los votos de la ciudadanía (Prueba de ello, ver vídeo a partir del minuto 7).
El Gobierno de Griñan ha comenzado con una dura y férrea defensa del empleo público y por este motivo, comienza aplicando una rebaja en los sueldos de los funcionarios eliminando los complementos que reciben. Esta medida se aplicará de manera inmediata ya que en el mes de junio la paga extra de verano se verá reducida entre un 30% y un 40% de media. Según la Junta, la medida salarial es temporal, pero los que siguen pagando en primer lugar son los funcionarios. El ahorro estimado de la medida, ronda los 1.000 millones de euros.
En el campo de la educación, se pone en marcha la ampliación de la jornada laboral para todos los profesores andaluces y no se aclara muy bien si se aumenta en simultáneo la ratio de alumnos por clase, tal y como ha dictado Madrid. En definitiva, puesta en marcha de la misma polícia que está impulsando la socialdemocracia de derechas desde Madrid, extrapolada a la socialdemocracia de izquierdas en Andalucía-
En el capítulo fiscal, también se realiza una revisión al alza de los principales impuestos autonómicos. Ahora mismo, los presupuestos andaluces prevén las siguientes variaciones:
- Aumenta en un punto la tarifa autonómica del IRPF para las rentas de entre 60.000 y 120.000 euros.
Multiplica por dos la tarifa actual del impuesto de Patrimonio y el impuesto de venta de hidrocarburos, salvo el gasóleo agrícola.
El impuesto de actos jurídicos documentados pasarán del 1,2% al 1,5%.
Se elevan las tasas fiscales sobre el juego y máquinas tragaperras
Ahora mismo, el poco poder adquisitivo de la comunidad se encuentra en manos del sector público, dado que la tasa de paro de Andalucía está al 30%. A ver en qué queda este tijeretazo adicional que se ha puesto en marcha con la connivencia y apoyo de Izquierda Unida y su férrea defensa del sector público y del status del funcionario.
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