Por orden de la delegación de Hacienda se han sacado los 120.000 euros que estaban ingresados. Según el concejal encargado, Jonathan Morilla, “es la única medida de presión que podemos hacer”,
Esta medida fue anunciada en el último pleno donde se aprobó por unanimidad una moción en la que se instaba al Gobierno Central para que los Consejos de Administración y Asambleas Generales de los bancos y cajas solucionasen el problema.
Los responsables municipales solicitaban la aplicación de las fórmulas y los procedimientos oportunos para que se reembolse de forma inmediata el capital invertido o que se llegue a acuerdos satisfactorios con los afectados.
La moción especificaba también que “se han cometido diversas irregularidades en la comercialización de estas participaciones preferentes, en particular en lo concerniente a una total falta de información sobre las características del producto sobre todo en lo que se refiere a su falta de liquidez y su perpetuidad, ya que bajo la apariencia de un depósito se colocó un producto perpetuo cuya inversión no puede ser recuperada en estos momentos de crisis económica, justo cuando más necesario se hacía disponer de ella”.
Algunos concejales no descartan asistir a la concentración en apoyo a Antonia Brenes convocada para mañana en las puertas de la sucursal bancaria, antigua Cajasol, actualmente en proceso de integración en La Caixa. Los familiares han preparado una espuerta llena de cardos para entregárselas al director de la sucursal.
Después de que fuese portada de la página web menéame.net la historia de esta vecina que lleva mes y medio protestando en la puerta del banco para que le devuelvan su dinero, publicada en Arahal Información, varios medios de comunicación a nivel nacional se han interesado por el tema. Antonia Brenes saldrá mañana en el programa de Ana Rosa Quintana, en Telecinco, y también vendrán las cámaras de Cuatro. Hoy han hablado con ABC Punto Radio.
Chamizo
Por otra parte, el defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha registrado hoy en la Fiscalía Superior de Andalucía, con sede en Granada, 300 expedientes de reclamaciones y denuncias recibidas en relación a las participaciones preferentes y han solicitado que se investiguen los hechos y se depuren responsabilidades ya que en muchos de estos casos se sospecha que ha un “delito”, según informa Europa Press.
En Andalucía se calcula que son unas 67.000 las personas afectadas por este asunto, con un capital inmovilizado de "cientos de millones" de euros, según ha señalado Chamizo, quien ha precisado que en el caso de estos 300 expedientes la media de inversión se encuentra entre los 6.000 y los 10.000 euros.
El Defensor del Pueblo Andaluz ha explicado que existen tres grandes bloques de reclamaciones: las que corresponden a aquellas personas habituadas a hacer inversiones --y que no se prevé que prosperen--; las de personas que no tienen el perfil de inversor que exige la normativa y a las que se dijo que podrían acceder a su dinero cuando quisieran y un tercer grupo de reclamaciones donde previsiblemente sí ha existido delito.
Se trata de discapacitados; menores; personas mayores que han firmado con el dedo o que se han fiado de la persona que siempre les atendía en el banco, según ha precisado Chamizo, quien asegura que los bancos sí "se están dando prisa" para resolver estos casos mediante acuerdos por los que los afectados se comprometen a depositar el dinero a plazo fijo o en los que se les ofrece que se conviertan "en una especie de accionista del banco".
Chamizo ha augurado además que en la actualidad existe un colectivo numeroso de personas que "no sabe que esto les afecta" y siguen pensando que tienen su dinero a plazo fijo, siendo complejo dar con ellos.
"Seguimos recibiendo quejas e insistimos en que se han vulnerado los derechos de los consumidores y a muchas personas mayores se les va a dejar en la ruina", ha lamentado el Defensor del Pueblo Andaluz, quien ha pedido al fiscal que continúe con la labor que está haciendo: "investigación y --búsqueda de-- responsabilidades".
Fue el pasado 26 de julio cuando la Fiscalía Superior de Andalucía, con sede en Granada, emitió un decreto en el que consideraba que pueden apreciarse indicios de delito de estafa en las denominadas participaciones preferentes, y atribuía a las entidades de crédito en ese sentido "una práctica totalmente abusiva, expresamente prohibida y contraria al ordenamiento jurídico", en tanto que se trata de una actividad comercial "dirigida a personas con un perfil inversor de poco riesgo y de escasos o nulos conocimientos financieros".
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