Un grupo de antidisturbios durante una manifestación. EFE
La conflictividad social alcanza en España un riesgo de nivel 3 sobre 4 puntos por el malestar desencadenado durante la crisis económica, según The Economist. Así, el país se sitúa junto a Marruecos, Ucrania, Pakistán o Haití entre otros y permite ver que el malestar social que parece en ocasiones no estar presente, amenaza la estabilidad del país.
Las razones del riesgo varían en cada país (se han analizado 150): la oposición a regímenes dictatoriales está presente con mucha fuerza en el mundo árabe frente a la situación ecónomica desastrosa que marca la estabilidad de España o Grecia y las aspiraciones de la clase media en países emergentes como Brasil o Turquía.
Aunque los motivos cambian, todos los que conforman el grupo de España -66 países en total- se enfrentan a un riesgo elevado de sufrir un estallido de conflicto social. En el caso concreto de España, The Economist Intelligence Unit, la compañía de The Economist que ha redactado el informe, ha tenido en cuenta factores desencadenados por la situación económica como el alto nivel de paro.
Sin embargo, es un conjunto de hechos el que determina este riesgo. Por ello cabe señalar la importancia de la existencia de altos niveles de desigualdad, la evolución de la historia reciente, las tensiones étnicas, una escasa protección social y, sobre todo, la pérdida de confianza en las instituciones ("una crisis de la democracia").
Alto riesgo
En la parte más caliente del termómetro y por encima del grupo en el que se sitúa España, 19 países viven una situación de riesgo extremo. Entre ellos se encuentran Egipto, Iraq, Libia o Siria. De hecho, la mayoría de los países de Oriente Medio, del norte de África y del este de Europa están incluidos en esta sección.
Por el contrario, seis países forman el grupo de los más seguros y estables: Austria, Dinamarca, Japón, Luxemburgo, Noruega y Suiza tienen un novel de riesgo 1 de conflictividad social.
Ley de Seguridad Ciudadana
El Gobierno de España parece ser consciente de la situación que se vive en las calles y está intentando prevenir determinados problemas. Con esta intención ha nacido la nueva Ley de Seguridad Ciudadana promovida por el Ministerio del Interior y revisada por el Consejo ante la polémica generada en torno a determinadas medidas incluidas en el borrador como multas de hasta 30.000 euros por insultar a un policía.
En este sentido, el Ejecutivo va a adquirir un camión con cañón de agua a presión por casi medio millón de euros para situaciones extremas.
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