* Los populares presentan una proposición de ley que recorta la jurisdicción universal
* El partido quiere evitar un conflicto diplomático por las investigaciones judiciales
* Requisitos para poder investigar
* El Gobierno reformará la ley para desactivar el proceso al régimen chino
Recepción oficial al entonces presidente chino, Jiang Zemin, en su visita a España en 1996. / J. M. PASTOR (EFE)
Al gigante chino ni se le tose. El Gobierno español quiere evitar a toda costa un conflicto diplomático con Pekín y no está dispuesto a que las investigaciones de los jueces enturbien las relaciones económicas con la que ya es primera potencia comercial del mundo. Por ello, ha puesto en marcha una reforma legal exprés y de tapadillo cuyo objetivo es archivar cuanto antes la causa abierta en la Audiencia Nacional por el genocidio tibetano, en la que se ha ordenado la detención de cinco miembros de la nomenclatura comunista, incluidos el expresidente Jiang Zemin y el exprimer ministro Li Peng.
Para dar la máxima celeridad a esta reforma, que recorta drásticamente el alcance de la llamada jurisdicción universal, se ha recurrido a un procedimiento singular: la presentación de una proposición de ley del Grupo Popular en el Congreso. Inicialmente, el Gobierno tenía previsto incluir esta modificación en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prepara el Ministerio de Justicia, pero ello obligaría a pedir informes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal, por lo que el proceso se alargaría meses. Recurriendo al PP, el Gobierno evita que la reforma pase por el Consejo de Ministros, se salta la fase de los informes y, si impone el trámite de urgencia, puede tenerla en vigor en dos meses. Los grupos que sustentan al Gobierno no suelen presentar proposiciones de ley, pues se supone que es a este a quien corresponde la iniciativa legislativa. De hecho, el PP no había presentado ninguna en esta legislatura. Por eso resulta más sorprendente.
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